Euskadi asume los permisos de trabajo a inmigrantes en plena avalancha de solicitudes

Para menguar esta pila de informes y facilitar la transición, el Gobierno Vasco contará con una suerte de periodo de gracia que se prolongará hasta el 1 de octubre. «Los expedientes que entren a partir del 1 de julio serán nuestros, pero para los que ya están en tramitación hay un plazo de tres meses hasta que se trasladen», aclara la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo.

Su departamento ya está metido de lleno en esta nueva competencia que hasta ahora sólo había asumido Cataluña. Este mismo viernes los responsables de la Sociedad Informática del Ejecutivo autonómico (EJIE) mantuvieron una reunión con el Ministerio de Transición Digital, el de Inclusión y el de Ordenación Territorial –en el futuro continuará las reuniones periódicas dentro de un marco de colaboración– para pasar a asumir la aplicativa con la que se gestionan los expedientes. A diferencia de lo ocurrido en Cataluña, aquí se mantendrán los mismos programas que en el resto de España, algo que ayudará a mantener las tasas que se cobran por estos trámites. Su inclusión, de hecho, ha afectado al Cupo, que se ha reducido con esta transferencia en casi 130.000 euros.

Para la gestión de los nuevos expedientes, que físicamente pasarán de recogerse en las oficinas de extranjería a hacerlo en las delegaciones de trabajo, se crearán cuatro nuevas plazas en la administración vasca. Cambiarán su perfil (pasarán de administrativos a asesores jurídicos) y se repartirán uno por cada oficina provincial, con un cuarto situado en la dirección de trabajo. Estas incorporaciones, añadidas a la RPT, tendrán el respaldo del personal auxiliar y durante los primeros nueve meses –prorrogables por otros tantos– se sumarán otros dos trabajadores a través del contrato Programa, con el objetivo de facilitar la transferencia. «Queremos ver cuál es la necesidad real y en enero saber si es necesario replantearnos el personal», advierte Pérez Barredo.

El objetivo de hacerse con esta competencia es, en todo caso, facilitar la incorporación de trabajadores en Euskadi y desatascar cualquier posible tapón. «Sobre todo queremos dar respuesta a las necesidades que tienen las empresas, que las tienen y muchas. Nuestra cercanía con ellas va a hacer que esto pueda ser más fácilmente gestionable», confía la viceconsejera con un objetivo en mente: agilizar los contratos de trabajo.

Algo similar esperan que ocurra con los arraigos socioformativos, que también se verán mejorados gracias al nuevo reglamento. Entre otras ventajas, el programa educativo permitirá a los inmigrantes trabajar hasta 30 horas semanales. «Como ya tenemos muchos datos de gente con la que estamos trabajando en Lanbide, autorizarlos será mucho más sencillo para nosotros», añade la viceconsejera.

De hecho, con esta competencia quieren evitar que muchas personas que participaban en diversas iniciativas impulsadas por la administración vasca –pone de ejemplo programas como el 'W+' dirigido a la hostelería, o el 'ZainLab' para los cuidados– corran el riesgo de terminar en una especie de «limbo», como venía sucediendo, y que los planes «se puedan desarrollar de forma mucho más sencilla». «La idea –resume– es reducir las listas de espera».

Y la administración no es la única que clama por este objetivo. También los despachos que ofrecen asesoramiento jurídico a los inmigrantes siguen con interés el proceso. Pedro Cabezas, del despacho Kontor Abogados en Bilbao, no esconde sus recelos. «Conocemos lo que ha pasado en Cataluña y sabemos que aquí habrá muchas cosas que ver: la agilidad con la que trabaja el Gobierno vasco, cuántos recursos y cuánto personal va a destinar, qué interpretación hacen ellos del reglamento...», enumera.

Él se muestra crítico con las transferencias porque sospecha que pueden crear «una maraña burocrática». «A mí me beneficia –señala con lástima– porque para los particulares se va a complicar la situación. Va a haber un montón de problemas de gente que no va a saber a donde ir, cómo van a ser las tasas, cuál la sede electrónica... Es fácil que se genere una información confusa y lo sé porque delante de mi mesa tenemos cada día a un montón de gente que no sabe cómo hacerlo y que se juega mucho en estos procesos», alerta.

La letrada experta en asuntos de extranjería, Jenniffer Gutiérrez Chávez, detalla que la entrada en vigor del nuevo reglamento ha elevado las consultas. Al poder beneficiar a más gente calcula que la carga de trabajo ha podido crecer en torno a un 15%. «También parece que se han alargado los procesos. Antes metíamos un expediente nuevo y a los dos días nos daban la admisión a trámite. Lamentablemente, desde el 20 de mayo no nos han confirmado ninguno, aunque entendemos que es fruto del cambio y están trabajando en ello», tranquiliza. En cuanto a la transferencia de competencias, es más optimista. «Hasta ahora los trámites que hemos tenido que hacer con el Gobierno vasco han funcionado. bien. Seguramente no habrá problemas», pronostica.