Euskadi moviliza 1.300 millones en sus tres primeras operaciones de arraigo empresarial

La industria vasca atraviesa una nueva forma de transformación económica con las operaciones de Ayesa IT –la división tecnológica de la multinacional que integra la antigua Ibermática de Donostia–, Uvesco, el grupo distribuidor de las marcas BM y Super Amara, y Talgo. Tres compañías que suman más de 10.000 empleos, en torno a unos 12.000, y superan los 2.000 millones de euros de facturación conjunta. Este tipo de operaciones no sólo van a movilizar más de mil millones de recursos públicos y privados vascos (1.356 millones para ser exactos), en gran parte desde el tejido financiero vasco, sino que contribuyen al reordenamiento de la economía del territorio. Reforzando de esta forma la estrategia de arraigo empresarial a través de lo que el consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, bautiza, con su habitual naturalidad, como «cuadrillas vascas».

No son procesos sencillos: ni mucho menos, y todos ellos están a falta de culminar. Cada operación arrastra negociaciones complejas, decisiones valientes y desafíos financieros e incluso jurídicos inesperados que nacen en uno y otro lado. Todo ello en un contexto en el que los distintos agentes se emplean en el dificilísimo equilibrio entre el retorno de los centros de decisión y la necesidad de no tensionar las valoraciones de las compañías, que en muchos casos se encuentran en manos de fondos de inversión que estiran la rentabilidad hasta límites insospechados.

También, y dentro de este delicado debate, surgen los debates en torno a algunas figuras implicadas en este heterogéneo ecosistema financiero, como las EPSV vascas, que gestionan un patrimonio de 32.000 millones de euros, el 30% del PIB Vasco. A las entidades que administran la pensión adicional de más de un millón de vascos, se les pide –dentro de su particular condición– desde el Ejecutivo de Pradales que arrimen un poco más el hombro. «Que inviertan el 1% en la industria vasca no es aceptable», criticó esta semana Jauregi durante el foro 'Gipuzkoa Al Día' de DV, no sin antes reconocer que «es cierto que no pueden entrar en cualquier aventura».

La operación de Ayesa IT, la división tecnológica que integra la donostiarra antigua Ibermática, es la más reciente de las operaciones e implica la adquisición por parte del consorcio vasco configurado entre BBK, Indar Kartera –el nuevo fondo de Kutxabank dotado con 500 millones– y el Gobierno Vasco del activo de la multinacional andaluza por 500 millones de euros. El propio consejero de Industria, Mikel Jauregi, confirmó esta semana en el foro organizado por este periódico que el acuerdo formal con el fondo propietario del 70% del grupo, A&M Capital Europe –división europea del gestor estadounidense Alvarez & Marsal Capital–, se firmará este mismo mes. «Estaremos comiendo las uvas con esta primera parte pactada», apostilló Jauregi. Ayesa tiene dos mil empleados en Euskadi, unos 500 de ellos en la sede central de Donostia en Miramón.

BBK e Indar aportarán un 'ticket' de 100 millones de euros cada uno, mientras que el resto se inyectará en forma de deuda y fondos propios, como concretó Jauregi este pasado jueves. No detalló la inversión concreta del Ejecutivo autonómico. A partir de la firma del acuerdo, se abrirá un periodo de cuatro meses para determinar la estructura accionarial de la compañía. Un espacio temporal que servirá para «atraer más socios», como precisó Jauregi, que tampoco descartó una reinversión de la propia familia fundadora Manzanares Abásolo. «José Luis (Manzanares Abásolo), CEO de Ayesa, tiene una sensibilidad especial con Euskadi porque su madre es de Bilbao. Sí que les hemos preguntado: '¿Oye qué vais a hacer?' Tenemos una relación muy fluida con ellos, y vamos poco a poco deshojando la margarita para saber cuál va a ser la foto final», relató Jauregi.

Además, uno de los agentes que estudia sumarse a la «cuadrilla vasca», como define el consejero al consorcio vasco, es la guipuzcoana Kutxa Fundazioa. Otro de los candidatos como el citado «necesario socio industrial» por Jauregi podría ser la bilbaína Teknei. La decisión sobre la ubicación final de la nueva sede, que podría permanecer en Miramón (Donostia) o trasladarse a Zamudio (Bizkaia), dependerá de la configuración final del accionariado. En cualquier caso, la entrada del consorcio vasco en Ayesa no solo responde a un interés financiero, que por supuesto existe dado al buen posicionamiento y valoración de la empresa en los mercados, con una facturación de la antigua Ibermática que ha crecido desde que se integró en Ayesa. Es también un gesto de retorno histórico: recuperar una de las empresas más emblemáticas del ecosistema tecnológico vasco, nacida en 1973 al calor de las antiguas cajas de ahorro y del tejido industrial de Gipuzkoa.

La operación de Uvesco, que involucra una adquisición de 700 millones de euros, es, sin lugar a dudas, el más importante de estos movimientos estratégicos, y en este caso de impulso exclusivamene privado. Después del intento fallido de compra por parte de Carrefour y la creciente presión de PAI Partners –el fondo francés que controla el 70% del grupo de los supermercados BM y Super Amara– para rentabilizar su inversión, un 'Management Buy Out' (MBO) –proceso de compra impulsado por los propios directivos de la compañía– ha sido la valiente y decisiva respuesta para el mantenimiento del centro de decisión en Irun, a la espera del acuerdo con el fondo galo.

En esencia, el modelo de MBO se traduce en que los directivos de la empresa, encabezados por el CEO Ángel Jareño, adquieran una participación significativa, de unos 20 millones, apoyados por Kutxabank (70), Stellum Food & Tech e Inveready (35 millones más 20 a través de un vehículo inversor ligado a ellos), y también las dos familias fundadoras –los Fernández de Barrena, y los Sánchez– quienes han aportado los recursos necesarios (45 millones). El resto de la operación, que se cifra en 700 millones de euros, se financiará con deuda. Este modelo, no exento de riesgos razonables, ha sido clave para mantener el control local de una de las mayores cadenas de distribución.

El Gobierno Vasco, que en este caso no aporta recursos financiero, sí ha jugado un papel en asegurar y coordinar para que Uvesco permanezca en la región. «Me parece fenomenal», celebró el consejero Jauregi durante el foro. Uvesco es un referente en la distribución alimentaria en Euskadi, con una facturación récord de 1.186 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento del 10,6% respecto al año anterior. La compañía, con más de 7.000 empleados, la mayoría en Euskadi, ha mantenido una clara estrategia de expansión, en especial en Madrid, con la compra de Super Hiber y la apertura de nuevos establecimientos.

La historia de la operación Talgo comienza cuando el fondo británico Trilantic, principal accionista de la empresa, expresó su deseo de vender su participación en el fabricante de trenes. Talgo se encontraba en una situación financiera delicada, con una cartera de pedidos de más de 4.000 millones de euros, pero con una capacidad de fabricación insuficiente para cumplir con los plazos. La falta de inversión en la ampliación de sus instalaciones durante los últimos años había agravado esta situación, llevando a la empresa, de unos 3.000 empleados, la mayoría en Rivabellosa (Araba) a enfrentar importantes retrasos en la entrega de trenes de alta velocidad como los 'Avril', con sanciones de hasta 116 millones de parte de Renfe

Ante este panorama, la deslocalización de Talgo se convirtió en una amenaza real. Varios grupos industriales internacionales, como el húngaro Magyar Vagon y el polaco Pesa, se interesaron por la adquisición del fabricante de trenes. Sin embargo, la operación fue bloqueada por el Gobierno de España debido a preocupaciones de «seguridad nacional». Fue en este contexto cuando José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, tomó la iniciativa. En octubre de 2024, Jainaga formalizó su interés por adquirir el 29% de Talgo, a través de un consorcio vasco formado por el Gobierno Vasco, BBK y Vital.

Esta operación se cerró en noviembre por 156,6 millones de euros, pagando 4,25 euros por acción al fondo Trilantic. Cada uno de los socios (Jainaga, el Gobierno Vasco, BBK y Vital) asumió una parte de la compra, lo que resultó en una distribución accionarial de aproximadamente un 8,5% para Jainaga, el Gobierno Vasco y BBK, y un 4,24% para Caja Vital. El próximo 12 de diciembre, la compañía celebrará la Junta extraordinaria para aprobar la nueva estructura accionarial. La operación enfrentó todo tipo de complicaciones, como la imputación de Jainaga por la presunta venta de acero ilegal a una empresa israelí, aunque Jauregi aclaró que «ya está todo hecho. Para Santo Tomás estaremos de celebración».