PNV, Bildu y Podemos reclaman la transferencia del Puerto de Pasaia y el PSE alerta de «miles de puestos en peligro»

Desde el inicio se evidenciaron las dos miradas que han ido tomando forma durante las últimas semanas, a raíz de los informes jurídicos enfrentados entre Lakua y el Gobierno central. El PNV defendió la enmienda como un paso lógico para completar el desarrollo estatutario y corregir lo que considera una «anomalía democrática»: una infraestructura estratégica cuyos órganos directivos ya dependen, en buena parte, de Euskadi, pero que sigue catalogada como puerto de interés general.

El portavoz jeltzale, Xabier Otxoa, insistió en que «lo que se gestiona desde aquí funciona mejor», apoyándose en décadas de competencias asumidas y en la idea de que un marco propio permitiría planificar el puerto de forma más coherente con la industria del territorio y con la participación de los ayuntamientos. En su intervención, vinculó la transferencia a la capacidad de diseñar un modelo de desarrollo más ordenado, con planes de inversión estables y una integración más clara en la estrategia económica guipuzcoana.

La réplica del PSE-EE fue igual de contundente. El socialista Alberto Albistegui defendió la vigencia del informe de la Abogacía del Estado, que concluye que Pasaia cumple los cinco requisitos para seguir siendo un puerto de interés general. Con esa base jurídica, alertó de que una desclasificación podría restar atractivo a los operadores internacionales y comprometer los empleos vinculados a la dársena. Recordó además que la presidencia del puerto la nombra el propio Gobierno Vasco desde hace más de una década y que, por tanto, la idea de una gestión distante «no se ajusta a la realidad».

Albistegui apeló también al papel social de la infraestructura, recordando que «más de 6.000 familias dependen del puerto», y trató de desactivar el relato de declive estructural: Pasaia cayó un 1,1% en tráfico total frente al 9,3% de Bilbao, lo que según el PSE demuestra un año difícil, pero no una decadencia. Además, añadió que la transferencia «provocaría que no tenga aduanas y que el tráfico internacional se vaya a otros puertos y lo que es peor miles de trabajadores y trabajadoras verían peligrar su puesto de trabajo y su sustento de vida».

La discusión se fue abriendo hacia los otros grupos, que reforzaron o matizaron las posiciones principales. EH Bildu defendió que la transferencia es necesaria para superar un «modelo heredado» que, a su juicio, ha quedado atrás. Haritz Pérez situó el foco en la bahía y en la huella acumulada por décadas de actividad industrial, reclamando una gestión más cercana, «moderna y planificada», capaz de impulsar un puerto más ordenado, electrificado y con mayor control ambiental.

Elkarrekin Podemos puso el acento en la lectura competencial. Miren Echeveste citó directamente el Estatuto para argumentar que la competencia en puertos debería ser exclusiva de Euskadi salvo en los casos expresamente declarados de interés general, y cuestionó la validez práctica de esa catalogación en el caso de Pasaia. Criticó al PSOE por bloquear, a su juicio, la culminación del autogobierno, y reprochó al PP su defensa del marco estatal. En un tono crítico, advirtió de que, sin la transferencia, Euskadi corre el riesgo de actuar como un «pagafantas»: aportando inversiones sin capacidad real de decisión.

El PP, en cambio, planteó una advertencia directa. Mikel Lezama alertó de que desclasificar el puerto por motivos políticos implica asumir riesgos para su competitividad, su integración en la red portuaria estatal y los empleos asociados. Reclamó responsabilidad y pidió no «jugar» con una infraestructura que considera esencial. «Si el modelo vasco es tan bueno, ¿por qué no se plantea lo mismo con Bilbao?», cuestionó, acusando a los grupos favorables al traspaso de actuar por impulso ideológico más que por razones técnicas.