El desacuerdo en la Función Pública augura un otoño caliente en las mesas sectoriales

Un planteamiento que incluye una subida salarial del 1,5%, la recuperación de las aportaciones a Itzarri, aunque partiendo del 0,5% y no del 3% que se realizaba en 2011 antes de que se suspendieran por mandato del Gobierno estatal, y la convocatoria de 13.500 plazas mediante OPEs. Las dos primeras medidas supondrán un coste para la Administración vasca de 66 y 17 millones, respectivamente, según explicó ayer el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta.

Respecto al impacto que podría tener la prórroga de los presupuestos estatales, Zearreta admitió que existe «incertidumbre» por dicha posibilidad, pero aseguró que la existencia o no de presupuestos en España «no es el elemento clave» en la actuación del Gobierno Vasco. Es más, esperan, como ya adelantó ayer DV, que el Estado eche mano de «otras posibilidades más operativas, más fáciles, al margen de esa ley para tomar decisiones», en alusión a la posibilidad de que apruebe la subida salarial de sus funcionarios mediante un decreto ley. El viceconsejero confía en que el panorama se despeje «y no haya el más mínimo problema» para que el Gobierno Vasco pueda aplicar la subida propuesta.

Zearreta defendió la mejora salarial propuesta al señalar que el Ejecutivo que lidera Urkullu «hace una clara apuesta por el incremento salarial para intentar llevar la recuperación económica también a la Función Pública y volver a la situación previa a la crisis».

Sin embargo, los sindicatos tienen una visión contrapuesta, ya que, además de criticar que el Ejecutivo vuelva a cerrar la Mesa de la Función Pública «sin que se haya producido una negociación real», tachan la propuesta de «tomadura de pelo» y denuncian que el incremento salarial del 1,5% supone «una nueva pérdida de poder adquisitivo» para un colectivo que, dicen, acumula ya el 15%.

Los sindicatos también ven insuficiente que se retomen las aportaciones a Itzarri con el 0,5%, una cifra que es seis veces inferior a la que ya se había consolidado en 2011, último ejercicio, por lo que insisten en que se «sigue incidiendo en los recortes».

En lo que respecta a las 13.500 plazas que se convocarán mediante OPEs, las centrales creen que se quedan muy cortas, ya que se han destruido 17.500 empleos en los últimos años y hay una elevada temporalidad, que ronda los 30.000 puestos, según ELA, que reclama la reposición y consolidación de estos empleos. Una tesis con la que coinciden el resto de de sindicatos. UGT recuerda que con los empleos que se pretenden ofertar no se bajaría la tasa de temporalidad al 8%, tal y como se acordó en el Estado, «máxime cuando en algunos colectivos, como Lanbide, Eustat y Osalan, entre otros, rebasa el 70%».

LAB incidió en que los 1.000 millones extra de recaudación que tendrá el Ejecutivo Vasco este año «los va a dedicar a saldar la deuda que tiene con los bancos en lugar de aliviar la que tiene contraída con sus trabajadores». Para CC OO, la propuesta supone una «pérdida de derechos que anteriormente se habían conseguido en diferentes mesas de negociación y condena a los servicios públicos de la CAV a no mejorar su calidad, cuando son un garante de cohesión social para toda la ciudadanía».

Las centrales también reclamaron que se mantenga la jornada de 35 horas -está pendiente de resolución judicial-, que se cubran todas las sustituciones desde el primer día y que se cobre el 100% en caso de Incapacidad Temporal (IT).

Este choque de trenes augura un otoño caliente en la función pública, ya que los sindicatos trasladarán sus reivindicaciones a cada una de las mesas sectoriales: Osakidetza, Educación, Ertzaintza, Administración general... De hecho, ELA ha realizado ya un llamamiento a los trabajadores a secundar las movilizaciones y paros planteados en los diferentes ámbitos.