Declaración de bienes y derechos en el extranjero: la Comisión Europea cuestiona su régimen sancionador

Cada semana los expertos de Garrigues responden a una selección de preguntas de los lectores

Declaración de bienes y derechos en el extranjero: la Comisión Europea cuestiona su régimen sancionador
PABLO DÍEZ (GARRIGUES)

La declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) obliga a los residentes en Gipuzkoa a comunicar anualmente a la Hacienda Foral su titularidad de bienes y derechos localizados en el exterior. El primer modelo 720 se debió presentar en marzo del año 2014, en relación con los bienes y derechos propiedad de los contribuyentes a 31 de diciembre de 2013.

A modo de recordatorio, los bienes y derechos cuya declaración es obligatoria son los siguientes: (i) cuentas en entidades bancarias, (ii) valores en entidades o derivados de la cesión a terceros de capitales propios, seguros de vida o invalidez y rentas vitalicias o temporales, (iii) bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles y (iv) bienes muebles y derechos sobre los mismos. Con carácter general, el nacimiento de la obligación se produce cuando el valor de los bienes o derechos de la misma naturaleza (i) a (iv) anteriores excede de 50.000 euros.

Por ejemplo, es obligatoria la presentación del modelo 720 en situaciones relativamente habituales, como pudiera ser el caso de personas físicas con una segunda residencia localizada en Francia, cuyo valor sea superior a 50.000 euros.

Las consecuencias asociadas a la falta de presentación del modelo 720 son especialmente gravosas para los contribuyentes, en una doble vertiente: (i) en primer lugar, la normativa aplicable establece una sanción formal de carácter variable, en función del volumen de información no declarada, y cuyo importe mínimo asciende a 10.000 euros, y (ii) en segundo lugar, el valor de los bienes no declarados sería considerado como una ganancia patrimonial no justificada por parte de la administración tributaria en caso de una eventual comprobación, lo cual determinaría su tributación conforme a la tarifa progresiva del IRPF (que se sitúa entre el 23% y el 49%); además, la falta de ingreso de la cuota del IRPF podría dar lugar a la imposición de una sanción tributaria adicional (hasta el 150% de dicha cuota).

La normativa guipuzcoana regula esta declaración y su régimen sancionador en términos similares al resto de territorios forales y «territorio común» (comunidades autónomas sin régimen foral) aunque, a diferencia de este último, es más «flexible» en cuanto a la posibilidad de cumplimiento extemporáneo de la obligación de comunicación.

Pues bien, en los últimos días se ha conocido que la Comisión Europea dictaminó, ya en febrero de 2017, que el régimen sancionador de territorio común asociado a la falta de presentación del modelo 720 era desproporcionado, emplazando al legislador a modificar su normativa tributaria para corregir esta situación.

Pese al tiempo transcurrido, sabemos que el legislador estatal no ha atendido a dicho requerimiento, por lo que habrá que estar a las iniciativas que adopte la Comisión Europea, o al efecto que el público conocimiento de su decisión pueda tener en próximas resoluciones de nuestros tribunales. Considerando las similitudes del régimen estatal cuestionado con la normativa de nuestro territorio, habrá que realizar un especial seguimiento de dichos movimientos.