Las demandas contra las cláusulas suelo colapsan los juzgados

Las demandas contra las cláusulas suelo colapsan los juzgados
I. PÉREZ

Expertos aventuran que la vía judicial necesitará más de dos años para poder dar salida a las reclamaciones. 2.500 guipuzcoanos se juegan 17 millones de euros ante la Justicia por cláusulas abusivas

Alexis Algaba
ALEXIS ALGABA

En ocasiones resulta complicado entender y lograr explicar una situación que, a todas luces, resulta inexplicable. En resumidas cuentas, la realidad sería la siguiente. El tribunal más importante en Europa sentencia que le han aplicado una cláusula ilegal que le ha obligado a pagar más por su hipoteca. Usted llama al banco y este se lo niega. Recurre a la misma entidad a través de una asociación de afectados y se lo vuelven a negar. Interpone una denuncia en el juzgado –recuerden, sobre un caso ya resuelto– y le da la razón, pero el banco sigue en sus trece y presenta una apelación a la Audiencia Provincial. ¿Estaría frustrados, no? Pues en esa misma situación se encuentran en Gipuzkoa, al menos, 2.500 personas, que siguen sin saber a ciencia cierta cuándo terminarán de recuperar lo que es suyo que, en dinero contante y sonante, podría rondar un monto global de 17 millones de euros.

La resolución de las cuestiones particulares sobre cláusulas sueloy abusos de la banca en general (vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa) se está convirtiendo en un laberinto para un gran número de afectados y en un quebradero de cabeza también para la propia Justicia española. Esta misma semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ampliado por otros seis meses el plan de urgencia por el que están activos medio centenar de juzgados especiales para resolver estos asuntos en las capitales de provincia del Estado. Un planteamiento que se prorroga por segunda vez (fue lanzado en junio de 2017) ya que un gran número de ellos se encuentra colapsado debido a los muchos casos que han llegado desde su puesta en funcionamiento y a la capacidad de resolverlos en un plazo prudencial se ha convertido en una quimera.

De hecho, fuentes consultadas por este periódico señalan que esta no será la última prórroga por seis meses de los tribunales especiales para cláusulas abusivas ya que, si todo comenzara a marchar rodado, se necesitarían más de dos años para resolver y cerrar los casos que se acumulan ya en los juzgados de Primera Instancia. Pero, ¿qué ha propiciado que una situación que afecta a tantos miles de ciudadanos siga sin encauzarse? Como todo, la resolución de un caso necesita de la inestimable voluntad de todas las partes para que el problema se subsane de una manera ágil y justa. Además, todo sería más sencillo si se pudiera contar con un mecanismo resolutivo eficaz. Y las piezas no terminan de encajar.

En primer lugar, porque la mayoría de las entidades bancarias apenas han mostrado voluntad de aplicar el fallo de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la UE que declaraba ilegales las cláusulas suelo y de solventar 'motu proprio' las reclamaciones de los clientes que llegaban a sus oficinas.

Para tratar de impulsar este trámite y encauzar las demandas, el Gobierno español diseñó una vía extrajudicial a través de un Real Decreto-Ley publicado a comienzos de 2017. Una herramienta que ha tenido un éxito más bien relativo ya que apenas recoge exigencias para que las entidades bancarias acepten las reclamaciones que se les presentan. En algunos casos, ni siquiera se ven obligadas a tener que responder a los afectados. Así las cosas, y a fecha de 31 de marzo, según las estadísticas de la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Economía apenas el 44% de las solicitudes presentadas han sido atendidas por las entidades correspondientes.

Concretamente, se han presentado en aproximadamente un curso 1.136.623 reclamaciones extrajudiciales por cláusulas suelo a las entidades de crédito. Esto es, dos de cada cien españoles han reclamado por cláusulas suelo. De esas solicitudes, han sido estimadas 502.564 y han terminado con acuerdo, 463.236. Estas respuestas favorables han llegado mayoritariamente de entidades nacionalizadas como Bankia o de otras como BBVA o Sabadell, según apunta el abogado de EKA/AKUV, Iñaki Velasco. «En nuestro caso, de las más de 600 reclamaciones que hemos planteado por la vía extrajudicial, apenas hemos podido solventar el 20%», añade.

Enrique atiende a las explicaciones de Juan Luis Alfaro e Iker Laplace, de ATE Asesores.
Enrique atiende a las explicaciones de Juan Luis Alfaro e Iker Laplace, de ATE Asesores. / Sara Santos

Cuantías muy inferiores

Según las cifras de esa Comisión de Seguimiento, las entidades han retornado hasta el 31 de marzo de este año 2.088 millones de euros por estas cláusulas abusivas, esto es, 4.508 euros de media por cada reclamante. Sin embargo, la propia comisión advirtió a comienzos de año que la reclamación media de los clientes por la cláusulas suelo en los contratos hipotecarios era de 7.193 euros. Una diferencia sustancial, por tanto, entre las cuantías reclamadas y las que finalmente son retornadas por las entidades en esta vía extrajudicial. «En los casos en los que se han hecho ofrecimientos, estos han sido por debajo de las cantidades que correspondían a los consumidores. Algunos por desconocimiento o por querer acabar con el proceso han aceptado la propuesta, pero en la mayoría de casos solo ha servido para alargar el procedimiento», sostiene Velasco.

Hasta el 31 de marzo, los bancos han devuelto por la vía extrajudicial 2.088 millones de euros

Así las cosas, tras comprobar la 'nula' voluntadde las entidades de devolver esas cuantías y la baja eficacia de la vía extrajudicial, se ha terminado convirtiendo la ruta judicial en un camino inevitable para una amplia lista de afectados. Según datos del Ministerio de Justicia, al menos 250.000 denuncias ya han llegado a los juzgados especializados en el año que llevan de actividad.

Una cifra escandalosamente alta para la previsión fijada por el CGPJ en el primer plan diseñado para el segundo semestre de 2017. Sobre todo si nos fijamos en las expectativas marcadas para los juzgados vascos. El CGPJ preveía la entrada de unos 2.500 casos entre los juzgados de Primera Instancia 11 de Bilbao, 8 de San Sebastián y 5 de Vitoria. Pues bien, a cierre del pasado año, la cifra de asuntos ingresados en los tribunales de Euskadi alcanzaba los 7.721.

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La marca de los 10.000 casos se superó ya en marzo y actualmente, con datos de finales de junio, la cifra superaba ya las 13.000. Según el plan inicial del CGPJ, se iba a destinar un juez por cada 800 casos, de forma que en Euskadi se habrían necesitado unos 12 jueces para ir dándoles salida.

Evidentemente, ni en el País Vasco ni en el resto del Estado se ha redoblado la inversión para dotar con más magistrados a estos juzgados. A día de hoy, según datos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el juzgado de primera instancia de número 11 bis de Bilbao está formado por dos jueces de apoyo a jueces de adscripción territorial, manteniendose el titular del juzgado (3 magistrados), el número 8 de Donostia cuenta con un juez de adscripción que cubre la ausencia de su titular y una jueza de adscripción territorial, y el 5 de Vitoria cuenta solo con su titular.

La bajada en un 20% la entrada de casos en este 2018 alivia un poco la carga de los tribunales

Apenas seis magistrados para dar una respuesta a esas 13.000 reclamaciones –2.500 de ellas guipuzcoanas– en las que los denunciantes se juegan, según las cifras del ministerio, unos 7.000 euros por denuncia. En total, más de 17 millones de euros en Gipuzkoa, y más de 90 millones en todo Euskadi.

Colapso en las Audiencias

Por tanto, la prórroga, al menos, del plan de urgencia, resulta cuanto menos indispensable para los juzgados especializados de todo el Estado. Más aún cuando la resolución de asuntos hasta el cierre del primer trimestre de este ejercicio ha sido mínima. En la suma de todos los juzgados, apenas se habían fallado 29.849 casos de los 208.651 que habían entrado hasta la fecha. Solo un 14,3%.

En Euskadi, esa tasa ha sido ligeramente superior, concretamente el 21,7% de los casos que habían entrado hasta el 31 de marzo habían sido fallados (2.318 casos, de 10.684). La ligera reducción en la entrada de denuncias en el primer semestre de este año en comparación con el segundo de 2017 (aproximadamente un 20% menos), está posibilitando que el ritmo de emisión de sentencias se acelere en Euskadi, aunque todavía exista una bolsa de denuncias díficil de dar salida si no se reduce mucho más el ritmo de entrada de casos. Solo en Bilbao, según apunta el TSJPV, hay 5.000 asuntos pendientes de resolver, y aunque se vaya a poner en funcionamiento el juzgado especializado número 15, la demora para la emisión de fallos seguirá siendo notable.

La nota positiva para los afectados es que en el 98% de los casos se está resolviendo en favor de los consumidores. Pero esa nota favorable para los afectados, se está volviendo en contra de los propios tribunales, ya que los bancos no piensan en otra cosa que en estirar el chicle y están apelando en Segunda Instancia.

«Es un despilfarro de recursos», sostiene el presidente del TSJPV

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, valora que se prorrogue el plan de urgencia de los juzgados especiales para cláusulas suelo, aunque no duda en señalar que se está produciendo «un despilfarro de recursos» derivado del alargue de los procedimientos ante la baja voluntad de las entidades bancarias de atender las peticiones extrajudiciales. Tanto es así que el colapso en los juzgados de Primera Instancia puede pasar en breve a los de Segunda, ya que las entidades están apelando de forma masiva las Audiencias Provinciales las sentencias de los tribunales especiales. Así, según datos transmitidos por el TSJPV al CGPJ, hasta el 9 de abril en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa habían ingresado ya 221 asuntos de apelación, en la de Álava, 236, y en la de Bizkaia, 527. Por tanto, casi mil apelaciones en Segunda Instancia que lo único que anticipan es un nuevo retraso en los plazos de la Justicia y un «deterioro de la calidad», añade, si no se refuerzan estas instancias.

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