La causa contra Jainaga pone a prueba el respaldo político en la fase final de la operación Talgo

Gobierno Vasco, Diputación de Álava, las fundaciones BBK y Vital, Kutxabank y la Corporación Mondragón han participado en respaldar de un modo u otro una apuesta que salva una enseña industrial en Euskadi, a sus casi mil empleados en Álava, y a una larga lista de proveedores que suman 5.000 trabajadores.

Así que la investigación de la Audiencia Nacional y la imputación al propio Jainaga y a otros dos directivos de la empresa complica indudablemente ese respaldo total y absoluto. El Gobierno Vasco reconoció su trayectoria este verano con el premio Joxe Mari Korta y el consejero de Industria vasco, Mikel Jauregi, afirmó en una entrevista en este periódico el mes pasado, que «si Jainaga lideraba el proyecto, él estaba muy tranquilo». Lo que se ha dado en denominar 'modelo Talgo' se ha empleado como ejemplo para guiar las futuras inversiones en la industria para las que el Gobierno Vasco ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones para traccionar 4.000 millones.

Fuentes judiciales señalan que el problema reside en la tramitación administrativa de las ventas de acero de Sidenor a una empresa armamentística del estado de Israel. La querella señala que esas operaciones se realizaron sin todas las autorizaciones administrativas previas para material de doble uso –civil y militar–.

Más allá del fondo del asunto y de cuándo se resuelva, la pregunta es si los Gobiernos central y vasco podrán soportar la presión y mantener su respaldo económico, que no es poco, y el político, que es total, en estas circunstancias. De momento, ayer, ninguno de los Ejecutivos valoró públicamente la situación

La causa y la citación para declarar llega en medio del cierre de la financiación de Talgo. Los bancos pidieron el desembolso de 150 millones de euros para mantener las líneas de financiación de su deuda, que supera los 400 millones y los diferentes avales correspondientes a los pedidos. Un total de más de 700 millones. Esos 150 millones fueron comprometidos este verano por el Gobierno de España, a través de la Sepi, y por un consorcio financiero vasco, Ekarpen, formado por Gobierno Vasco, Kutxabank, diputaciones y Mondragon. Unas gestiones que se realizaron en julio, mientras la querella en la Audiencia Nacional era tramitada tras su presentación el 1 de julio. Tras el compromiso de Sepi y Ekarpen, la banca estaba cerrando la operación financiera. Un proceso complejo, ya que la deuda de Talgo se soporta entre varios bancos, entre los que destacan BBVA, Caixabank o Santander. Las entidades se encuentran formalizando los trámites en sus diferentes comités y órganos de gestión. Unos trabajos que estaban ya rematándose con la perspectiva de cerrarse este mismo mes.

El siguiente paso sería la ratificación de la financiación en una junta de accionistas de Talgo y, posteriormente, la entrada de Jainaga que, junto a Gobierno Vasco y las fundaciones BBK y Vital, materializarían la compra del 29,7% de Talgo a su socio mayoritario, el fondo Trilantic, por unos 155 millones ampliables en función de los beneficios que obtenga la compañía en el futuro. La transacción está prevista para el mes de diciembre y de esos 155 millones, el industrial vasco aportará 45 millones, los mismos que Gobierno Vasco y BBK, mientras que Vital lo haría con 20.