Bruselas irrumpe en la 'guerra del carbón' al poner en duda ayudas por 440 millones

Los subsidios en cuestión fueron aprobados con el socialista Joan Clos como ministro de Energía y «no fueron notificados en su día a Bruselas». Se trata de «incentivos medioambientales» ideados para ayudar a las compañías eléctricas a cumplir con las limitaciones de emisión de óxido de azufre a través de la instalación de filtros 'ad hoc'. La ayuda es de 8.750 euros por megavatio al año y están en vigor hasta 2020. Esto, claro, si Bruselas no las corta de raíz al considerarlas ayudas de Estado ilegales, algo bastante probable. Y es que cuando la maquinaria bruselense del área de Competencia se pone en marcha es difícil frenarla ya que hay bastante trabajo de campo previo. No se parte de cero ni mucho menos.

Pese a todo, el portavoz comunitario Ricardo Cardoso recordó la tradicional coletilla usada por Bruselas para cubrirse las espaldas: «El inicio de un expediente de investigación no prejuzga el resultado de la misma». Eludió hablar de plazas o concretar, por ejemplo, cuántas plantas afectadas ya han cerrado sus puertas. Respecto a la cuantía, no se trata de una multa, sino de unas ayudas que podrían ser declaradas ilegales y que el Gobierno español estaría obligado a recuperar. Las multas, eso sí, llegarían en el hipotético caso de que Madrid se negase a acatar las órdenes de la Comisión, como ocurrió en su día con las 'vacaciones fiscales' vascas o el conflicto de la estiba.

«Si contaminas, pagas», zanjó ayer la poderosa comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, quien recordó que las normas sobre ayudas estatales no permiten exonerar a las compañías de cumplir «con sus obligaciones medioambientales con el dinero del contribuyente». «Tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal», censuró.

La investigación de Bruselas ha estallado en plena batalla por las centrales de carbón en España. Por un lado, está el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y por el otro, el CEO de Iberdrola, José Ignacio Galán, que acaba de anunciar su intención de cerrar las dos últimas instalaciones que tiene de estas características en España (Lada, en Asturias, y Velilla, en Palencia) para seguir los dictados de la UE en favor de la lucha contra el cambio climático. El Gobierno de Rajoy ya ha dicho 'no' y maniobró impulsando un real decreto aún no aprobado que prohíbe su cierre por cuestiones de seguridad y para no alterar la factura de la luz de los españoles, que «subiría 2,5 euros más al año». Se trata de un polémico real decreto que Bruselas ya está analizando, como señaló el viernes el comisario de Energía, Migel Arias Cañete.

Fuentes del Ministerio de Energía matizaron que estas ayudas «se financian a cargo del sistema y no con Presupuestos», e indicaron que cuando se constituyeron «no entraban en la definición de ayuda pública» y desde entonces, «la Comisión nunca ha dicho nada pese a conocerlo». Bruselas dice todo lo contrario, que a alguien se le 'olvidó' informarles.