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ADOLFO LORENTE
BRUSELAS.
Sábado, 13 de octubre 2018, 08:36
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La carta llegó a la sede de la Comisión Europea el 27 de julio de 2017, en pleno idilio del PNV con Mariano Rajoy. Llevaba la firma del Síndic de Greuges y en ella, el Defensor del Pueblo de Cataluña denunciaba el acuerdo logrado entre el Gobierno español y el vasco para modificar la tarifa eléctrica vigente y que provocaba, 'de facto', una «discriminación histórica» para un millar de empresas radicadas en Euskadi. La queja formal advertía de que el acuerdo alcanzado entre bambalinas podría suponer una ayuda de Estado ilegal. «¿Por qué a ellos sí y a nosotros, no?», venía a sugerir el Síndic de Greuges. 'Grosso modo', lo que se hacía es pasar a las empresas conectadas a tensiones de entre 30 y 36 kilovoltios al tramo 6.2., mucho más barato.
El Gobierno Vasco y el PNV montaron en cólera porque este movimiento paralizaba la ayuda de 40 millones contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Por esto pero también porque el varapalo llegaba de los catalanes, de fuego amigo. ¿Cómo era posible que el 'nacionalismo hermano' les hiciera esto? Pero la pela es la pela y cuando el bolsillo entra en juego, no hay ideologías que valgan.
50 millones de euros se ahorrarán en su factura de luz alrededor de un millar de compañías vascas (la mayoría pymes) tras el cambio de tarifas aprobado el pasado viernes a través de un real decreto. El resultado del pacto entre PP y PNV fue denunciado por el Defensor del Pueblo catalán ante Bruselas.
Sin el plácet de la Comisión, Madrid no estaba dispuesta a dar pasos en falso y así fue. Nada se supo hasta el pasado lunes, cuando el Ejecutivo liderado por Íñigo Urkullu anunció a bombo y platillo que el Consejo de Ministros celebrado el día 5 había aprobado, por fin, acabar con esta «discriminación histórica». Se trataba de un cambio tarifario, una modificación técnica que en la práctica beneficiaba a un millar de industrias de Euskadi al beneficiarse de una rebaja tarifaria de 50 millones. Nada se habló de Bruselas, pero siempre hay que tener muy presente al kilómetro cero. ¿Había dado luz verde a la operación o, por el contrario, Pedro Sánchez había decidido mover ficha por las presiones del PNV sin esperar a la Comisión?
Dilema resuelto. Según ha podido saber DV de fuentes de toda solvencia, los temidos servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario, liderados por Margrethe Vestager, han desestimado la denuncia del Defensor del Pueblo catalán al considerar que no hay una ayuda selectiva y que por tanto, no se vulnera la legislación comunitaria en materia de ayudas de Estado.
¿Qué supone esta decisión? Sobre todo alivio, tanto en lo político, por el logro alcanzando, como en lo empresarial, por el jugoso ahorro de 50 millones que repercutirá en las empresas y, supuestamente, en sus trabajadores. Si llega a darse la otra hipótesis, solo quedaba esperar y cruzar los dedos para que hubiera una resolución favorable. Es decir, que podría haberse dado el caso de que dentro de tres, cuatro o siete meses, Competencia hubiera resuelto que se trataba de una ayuda de Estado ilegal que habría que recuperar.
La hemeroteca recuerda que no es una práctica nada ajena al País Vasco, donde existe cierto trauma relacionado con el binomio Bruselas-ayudas de Estado motivado, además de por el caso Magefesa, por las llamadas 'vacaciones fiscales'. No solo hubo que recuperar las millonarias cantidades concecidas en su día, también hubo que abonar una multa de 30 millones porque las haciendas forales se negaron a acatar las resoluciones de Competencia. Hicieron oídos sordos a los muchos requerimientos y al final, como siempre, la Comisión se llevó el gato al agua. Bruselas siempre gana, por eso es tan importante la luz verde que Euskadi acaba de recibir para lograr la rebaja de la factura eléctrica de la industria.
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