Competencia y Hacienda vigilarán que la banca no repercuta al cliente el impuesto hipotecario

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en el Congreso./EFE
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en el Congreso. / EFE

La CNMC «no permitirá bajo ningún concepto» que las entidades puedan «coordinar» su política comercial pese al temor de los consumidores

JOSÉ ANTONIO BRAVO y EDURNE MARTÍNEZMadrid

La resaca del barullo hipotecario vivido la semana pasada sigue generando quebraderos de cabeza entre los consumidores. De hecho, varias de las asociaciones que defienden sus intereses reclamaron ayer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que adopte las medidas oportunas para evitar que la banca pueda terminar repercutiendo en sus clientes el coste del impuesto hipotecario que, vía decreto, deben asumir desde el sábado en todos los créditos inmobiliarios que firmen.

Para la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, «una vez más» los consumidores «tenemos que tomar la iniciativa» para que las entidades financieras «cumplan con las mismas normas que el resto de los actores del mercado». Y ellos lo han hecho denunciando, por escrito, las últimas manifestaciones del sector.

Sostienen que varios bancos han declarado «abiertamente» que repercutirán el coste del tributo a los clientes subiendo el diferencial del interés del préstamo, las comisiones (apertura, estudio...) o bien mediante la contratación forzosa de más productos vinculados. A su juicio, estamos ante un anuncio «coordinado» de las entidades que puede constituir una práctica «abusiva» y, a su vez, «colusoria con la Ley de Defensa de la Competencia».

En una línea similar, la organización de consumidores Facua ha pedido a la CNMC que vigile el posible encarecimiento de las hipotecas, algo que ve «previsible», bien directamente o a través de otros servicios. Reconoce que el sector cuenta con bastante margen de actuación, pero advierte de que no puede haber pactos entre entidades.

En cualquier caso, de existir un incremento extra a aplicar a esos créditos estima que no sería grande, dado que el tipo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que debe asumir ahora la banca varía entre el 0,5% y el 1,5% del valor del préstamo según cada comunidad autónoma. Y este impacto, estima, resultaría absorbible solo con un alza leve en los intereses.

La respuesta del órgano de la competencia llegó poco después por boca de su propio presidente, José María Marín Quemada: «No vamos a permitir que bajo ningún concepto se produzcan conductas coordinadas, es decir, acuerdos entre operadores del mercado, o recomendaciones colectivas», aseveró. En este caso serían las propias entidades financieras, a imagen de lo que ha ocurrido en otros ámbitos con compañías energéticas, operadoras de telecomunicaciones y constructoras, entre otras, por constituir cárteles.

«Tendremos que ver cómo adapta cada banco su política comercial -explicó en declaraciones a RNE-, si repercutirán en mayor o menor medida esos costes o incluso si no los trasladan». De esta forma, evitó predeterminar lo que pueda ocurrir finalmente, si bien garantizó «la vigilancia y el seguimiento» del mercado hipotecario desde la CNMC.

Sanciones y denuncias

Desde Asufin, no obstante, le pidieron que «sancione a aquellas entidades que se demuestre que han modificado su oferta» hipotecaria vulnerando la libre competencia. A su vez, la asociación instó a los propios consumidores a «denunciar cualquier intento por parte de las entidades de obligarles a pagar el IAJD, de manera directa o indirecta».

En ese sentido el propio Ministerio de Hacienda -según señaló su secretaria de Estado, Inés María Bardón- vigilará «estrechamente» la repercusión de otros nuevos impuestos que se van a poner en marcha, en referencia velada a la tasa anunciada sobre las transacciones financieras y quizá a un nuevo tributo bancario (ligado a las pensiones) que parece haber perdido fuerza. La nueva autoridad de defensa del consumidor financiera, que prepara el departamento de Economía para cumplir con la UE, también revisaría posibles abusos del sector.

Fuentes de las entidades financieras, sin embargo, apuntaron ayer que no se prevé esa posible repercusión «a corto plazo», ni creen que todas lo hagan «a la vez» más adelante. De momento, no han acusado un aumento «excesivo» en las solicitudes de información de los clientes.

Responsabilidad patrimonial del Estado

El abogado que propició la devolución del impuesto hipotecario representando a la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas Vaciamadrid, Ramón Casero, ve «recorrido judicial» para abrir nuevos pleitos, ya que el reglamento de dicho tributo está anulado -lo hizo el Tribunal Supremo en octubre, para luego cambiar de criterio la semana pasada- «y eso da pie a las reclamaciones», que pueden remontarse a cuando entró en vigor esa normativa (1995). En concreto, estima que se puede pedir la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque «el margen es estrecho» al ser recursos extraordinarios «centrados en la constitucionalidad».

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