La banca no podrá deducirse el impuesto en Sociedades

El Gobierno «velará» para que las entidades no repercutan en las condiciones crediticias el AJD que desde ahora les obliga a asumir

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

A los bancos no les quedará el más mínimo resquicio fiscal para poder compensar de alguna manera, a través de la ingeniería tributaria, el gasto que les va a suponer el abono del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de las hipotecas. El Consejo de Ministros incluyó ayer en el decreto que regula el sujeto pasivo de este tributo una reforma adicional del Impuesto de Sociedades con la que prohibirá al sector deducirse fiscalmente ese concepto.

Las desgravaciones en el impuesto que grava las ganancias de las empresas es una práctica habitual y uno de los coladeros de miles de millones de euros que cada año dejan de percibir las arcas públicas al permitirles deducirse una amplia lista de gastos fiscalmente aplicables. Sin embargo, en la relación de partidas «no deducibles», como técnicamente las define el artículo 15 de la norma, se incluirán los relativos al AJD.

El Ejecutivo ha preferido cerrar cualquier posibilidad de que las corporaciones aprovechen el marasmo de leyes tributarias con la incorporación de esta novedad en Sociedades. También ha dejado plasmado «con toda contundencia y claridad» en el decreto aprobado ayer, en concreto en el artículo 29 de la ley que regula Actos Jurídicos Documentados,que el impuesto de las hipotecas lo paga la banca.

Una vez validada, la norma será publicada hoy mismo en el BOE y se encontrará plenamente operativo mañana. Desde el punto de vista práctico, con los créditos que se escrituren a partir del lunes -cuando las notarías volverán a abrir tras el fin de semana- serán los bancos, con la excepción de Euskadi y Navarra, los que paguen el AJD. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el decreto se limita a incluir un párrafo en el que se establece que el sujeto pasivo del AJD sean los prestamistas. «No se deja lugar a dudas», indicó Montero, consciente de que era la imprecisión sobre quién debía liquidar el tributo entre la ley que regulaba el AJD y su reglamento correspondiente, lo que ha provocado una profunda división en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con sentencias contradictorias que finalmente obligaron al cliente a abonarlo.

La cuantía que tendrán que asumir a partir de la próxima semana supera los 1.100 millones de euros al año. En este sentido, la titular de Hacienda recordó que el Ejecutivo «velará» para que la banca no traslade a los clientes el coste de este impuesto en las condiciones de las hipotecas que conceda a través de la subida de los tipos de interés o las comisiones, por ejemplo. «Confío en que la elevada competencia del sector bancario evite estas situaciones», aclaró Montero.

Una Autoridad para vigilar

También recordó que vigilarán para que «no se incorporen cláusulas abusivas» a partir de ahora en los contratos. El Ejecutivo «trabaja en paralelo en la creación de una Autoridad en defensa de los clientes financieros». Este organismo, que estará en vigor en pocas semanas, defenderá «los derecho de los consumidores y evitará potenciales abusos».

Aunque se publique hoy en el BOE, el decreto que incluye las novedades sobre el pago del AJD debe ser validado antes de un mes por el Congreso de los Diputados. El Gobierno confía en sacarlo adelante a tenor de las manifestaciones realizadas por los distintos grupos parlamentarios, que se han mostrado a favor, aunque también han aprovechado para proponer otras medidas, como la supresión del propio tributo, como quiere el PP. Sin embargo, Montero se preguntó si «eliminar una recaudación de unos 2.000 millones de euros al año implica hacerlo a costa del deterioro del Estado del Bienestar», a lo que la ministra se mostró en contra.

Este cambio normativo de produce pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un enconado debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias pronunciadas a mediados de octubre. Antes de conocerse la «controvertida» sentencia del Supremo, que atribuía a los clientes la tasa, el Gobierno había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades depositarias de este gravamen, según enfatizó la portavoz, Isabel Celaá. Pero siempre «con todo respeto a la autoridad judicial», ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva.

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