La Audiencia de Álava dicta el primer fallo en firme contra la venta de acciones del Popular
La sentencia pionera en esa instancia en Euskadi obliga al Santander a devolver 3.000 euros
La Audiencia Provincial de Álava ha dictado la primera sentencia en firme de Euskadi -sin posibilidad de presentar un recurso ante otra instancia- ... a favor de los intereses de una cliente del Banco Popular, que en octubre de 2016 compró acciones de la entidad financiera, antes de que fuera adquirida ocho meses más tarde por el Banco Santander por el simbólico precio de un euro, una operación que provocó que los ahorros de mucha gente se evaporaran.
Una mujer de 73 años -que en el momento de la adquisición de las acciones tenía 70 años- se hizo con 3.000 títulos a razón de 1,101 euros por acción y ahora, después de esta sentencia, recuperará su dinero -3.303 euros más los intereses-, lo que ha proporcionado esperanza para el colectivo de afectados, que en el Estado asciende a 700.000, de los cuales en torno a 20.000 son vascos.
Juan Luis Alfaro, letrado de ATE Asesores, el abogado que ha defendido a esta clienta alavesa y que tiene en cartera a 250 vascos -180 de ellos guipuzcoanos con reclamaciones que de media rondan los 60.000 euros- con la misma problemática, subraya la importancia que atesora esta sentencia, pionera al tratar temas de acciones del Banco Popular de compra en el mercado secundario (Bolsa) y fuera de los periodos de la ampliación de capital de la entidad en octubre de 2016.
El fallo condena al banco por ofrecer información inexacta que distorsionó la realidad del Popular
El fallo condena al banco a la restitución del 100% de la inversión y, tal y como destaca Alfaro, reconoce que «por lo menos» los ejercicios de 2013, 2014, 2015 y 2016 contenían información «inexacta que distorsionaba» la realidad económica del Popular. También asume la responsabilidad del Banco Popular (Banco Santander) por la extensión del plazo de un año en la emisión del folleto de ampliación de mayo de 2016.
El argumento del letrado se apoya, básicamente, en que la información que aportó el banco sobre su estado y su supuesta solvencia era inconsistente, inexacta e inveraz; lo que, precisamente, vició el consentimiento de sus clientes. «Si los actores hubieran sabido que el Banco tenía problemas de solvencia estructural que no había declarado en ninguno de los ejercicios, salvo en el año 2012, no hubieran comprado las acciones», resaltan los fundamentos de derecho de la demanda, admitidos en la sentencia. Un texto que añadía también que los actores jamás imaginaron que en escasos meses la entidad en la que tenían depositada su confianza, y que se autodenominaba como la de mayor rentabilidad del panorama estatal, sería intervenida en junio de 2017 por las autoridades europeas, que decretaron su adjudicación al Banco Santander por 1 euro, dejando las acciones a cero, causando un grave perjuicio a los demandantes, que vieron como su inversión quedaba volatilizada. En definitiva, las reglas del juego para adquirir los productos financieros no fueron las correctas, lo que perjudicó a muchos clientes.
Las demandas de ATE Asesores contienen el ejercicio de dos acciones judiciales donde el accionista recupera el 100% de la inversión. A veces les conceden la nulidad de la compra de los títulos y otras, la acción judicial de daños y perjuicios (como en este caso de la mujer alavesa, que recibirá el dinero que invirtió en un plazo de veinte días hábiles).
Esta sentencia de la Audiencia de Álava culmina el goteo de fallos en primera instancia favorables para los intereses de los clientes de los últimos meses. En noviembre del año pasado se dictó la primera a favor del consumidor en el juzgado número 4 de Vitoria. A partir de ahí, la Justicia ha ido paulatinamente resolviendo los casos a favor de los particulares y en detrimento del banco. Las sentencias empiezan a apoyarse en argumentos similares y la inmensa mayoría satisface a quienes reclaman su dinero al Banco Santander. La homogeneidad de criterios ya es un hecho y los letrados especializados en asuntos mercantiles y financieros lo celebran con moderación.
La caída
El derrumbe del Popular supuso un trauma significativo y un hecho insólito en el negocio bancario español, y también en el europeo. Fue la primera intervención de una entidad por parte de la Junta Única de Resolución tras la pertinentes decisión del Mecanismo Único de Resolución. Removió muchos cimientos y dejó enormes heridas abiertas, algunas cifradas en cientos de millones de euros, como los que perdieron algunos grandes inversores que acudieron a las ampliaciones de capital realizadas en 2012 y 2016 (ambas por valor de 2.500 millones de euros) y vieron desaparecer de la noche a la mañana con aquel estreno de lo más parecido a la unión bancaria que se ha conocido.
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