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Lucas Irigoyen
Domingo, 2 de marzo 2025, 01:00
El debate nuclear ha aterrizado en las eléctricas con fuerza esta semana. Iberdrola y Endesa, las principales propietarias de las centrales del país, han manifestado ... abiertamente su disposición a retrasar su cierre. Una cuestión que, en el ámbito político, ha subido el volumen con diferentes iniciativas en el Congreso y que, en el mundo científico, lleva años encima de la mesa ante la dificultad de prescindir del gas en 2050 sin contar más tiempo con la nuclear.
El gran problema es el coste de esta decisión y su impacto en una maltrecha competitividad empresarial. Una cifra que un informe de la consultora PwC elaborado para el sector ha puesto negro sobre blanco en función de los datos del mercado de este momento. Así, apagar los reactores nucleares en España elevaría un 35% los costes de la electricidad hasta llevar el precio del megawatio hora a los 142 euros, 37 más. Un coste que, para la empresa vasca, uno de los mayores exponentes del sector electrointensivo del país, supondría agravar la carga para competir con otros mercados que ya vienen señalando. Solo hay que recordar la alerta de Confebask sobre los riesgos estructurales del estallido del coste energético en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios.
Según el análisis de PwC, prescindir de la nuclear obligaría a multiplicar por 6 el uso del gas que se emplea en los ciclos combinados. Unas infraestructuras que serían imprescindibles porque tienen la capacidad de aportar al sistema lo que se conoce como base de garantía de suministro. Una cantidad de electricidad estable e independiente de factores climáticos, que permite responder a diferentes picos de demanda. Sin ella, el riesgo de apagones, se multiplica.
Hasta ahora el sistema utiliza la energía nuclear y los ciclos combinados para esta función. El objetivo es sustituirlos por sistemas de almacenaje como las baterías o el hidrógeno, que guarden el exceso de generación renovable, que ahora se pierde. Pero esas tecnologías van más despacio y todavía no son viables.
El gas sería la única alternativa y además del aumento de emisiones, se dejaría notar en el bolsillo por su vulnerabilidad a la geopolítica. Según el sistema de fijación de precios de la electricidad, la última tecnología en entrar en acción es la que marca la tarifa. Para priorizar las renovables, estas entran como el primer recurso, seguidas de la nuclear y, si no basta, entra el gas, que marca el precio final.
Un aumento de costes energéticos sería un problema más para un País Vasco que, a falta del desarrollo de las renovables, sigue con un elevadísimo grado de dependencia. Solo genera el 9% de lo que consume. Además, la red de distribución sigue pendiente de una gran inversión para reforzarla y adaptarla a las nuevas necesidades. En solo tres años, la industria en Euskadi ha multiplicado por ocho las peticiones de más de energía o el acceso a nuevos puntos de conexión.
Otro problema que generaría el refuerzo del gas es que la Ley de Cambio Climático vasca obliga al Gobierno ha abandonar su participación en infraestructuras gasistas, con excepción de la regasificadora de Enagás. Sería el caso de la central de ciclo combinado del Puerto de Bilbao que, junto a la de Boroa, representa más de la mitad de toda la generación eléctrica de Euskadi.
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