La Administración vasca abre una vía limitada para estabilizar a varios miles de interinos

El Ejecutivo Vasco aprobó en el consejo de Gobierno de ayer el proyecto de ley de Cuerpos y Escalas de la Administración general de Euskadi en el que se contempla que los interinos realizarán una única prueba práctica en las OPE en determinados supuestos. Un proyecto de ley que será remitido al Parlamento Vasco para su tramitación, con el objetivo de que entre en vigor cuanto antes, según indicó la consejera de la Función Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

Esta norma ya fue aprobada a finales de la pasada legislatura, en concreto el pasado 11 de febrero,pero no llegó a enviarse a la Cámara porque coincidió con el adelanto de las elecciones vascas y la disolución del Parlamento. El texto, el mismo que el anterior, contiene dos disposiciones adicionales que posibilitarán la creación de turnos especiales de acceso en las OPE para los trabajadores interinos que acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en los cuerpos y escalas a los que pertenezcan las plazas convocadas, que afectaría a todas las administraciones vascas. Esta vía se habilitará en los casos en los que la interinidad supere un 40% de la plantilla en el cuerpo concreto.

El proceso constará de una única prueba, de carácter práctico, relacionada con los procedimientos y funciones habituales de los puestos de cada convocatoria y será eliminatoria dentro de los concursos-oposición.La consejera destacó que en la práctica será una vía para consolidar empleo en puestos que actualmente están cubiertos por personal interino y que «aportan una experiencia y conocimiento de gran valor que hay que preservar».

Garamendi explicó que esta fórmula se podría aplicar en las OPE que se convocarán esta legislatura, aunque primero tiene que contar con el refrendo del Parlamento Vasco, lo que está garantizado dada la mayoría con la que cuentan en la Cámara los socios de Gobierno: PNV y PSE. La consejera no aportó datos sobre sobre el impacto de esta medida; es decir, a cuántos interinos puede afectar. Recordó que en la actualidad, la interinidad en la Administración general, se sitúa en el 55,8%, aunque esto no quiere decir que todos los empleados en esta situación tengan como mínimo 8 años de antigüedad.

De hecho, según datos ofrecidos por Interinok Taldea, plataforma de interinos que surgió precisamente hace ahora un año en Lakua con el objetivo de impulsar la estabilización de este colectivo, la interinidad afecta en dicho ámbito al 61,77% de su plantilla, con 1.270 interinos, mientras que en la Administración general, es decir, incluidas sus delegaciones territoriales, suman 2.680, el 52,26%. Alava cuenta con la tasa más alta (55,03% y 388 interinos), segunda de Gipuzkoa (47,9% y 478) y Bizkaia (39,45% y 544 interinos). En el conjunto de la Administración vasca, a la que afectará la medida, la eventualidad es del 38,7%, la tasa más alta de todo el Estado, según los sindicatos, con unas 50.000 personas, entre interinos y temporales.

En cualquier caso, el paso dado por el Gobierno Vasco viene forzado por varias sentencias europeas que han puesto el foco en los interinos después de que los sindicatos llevaran esta cuestión a los tribunales ante lo que consideraban un abuso de esta figura para cubrir plazas estructurales, con antigüedades que en algunos casos llegan incluso hasta los 30 años.

Una cuestión que fue refrendada por el tribunal de Justicia de la UE, aunque en principio dictaminó que las administraciones no estaban obligadas a convertirlos de forma automática en fijos por el solo hecho de que no existiera un proceso selectivo claro. Con todo, dejaba en manos de los tribunales estatales decidir si el abuso de la fórmula conllevaría la opción de hacerlos fijos, al tiempo que abría la vía de las indemnizaciones.

Con todo, desde Interinok Taldea señalan que en otro auto de septiembre de este año el TJUE dejaba claro que no se puede fijar la indemnización porque el Estado español no cuenta con una regulación que contemple esta situación, con lo que, a su entender, «abre la puerta directamente a que las distintas administraciones tengan que estabilizar esos puestos de trabajo cuando superen los tres años concatenando contratos y ocupen un puesto estructural».