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España, entre los países de la OCDE con mayor presión fiscal sobre los sueldos pues los empleados apenas reciben un 40% de lo que pagan las empresas por ellos

a. botija

Sábado, 6 de mayo 2017, 10:04

Históricamente, desde finales de los años 80 la presión fiscal en España ha representado casi una tercera parte de lo que genera la economía, esto es, de cada tres euros que se ingresaban uno era tenía que darse a las arcas públicas a través de distintos impuestos, tasas o cotizaciones. La sensación de buena parte de los trabajadores de estar trabajando para 'papá Estado', pese a que parte de ellos se sintieran casi como 'hijos desterrados', ha venido en aumento desde entonces.

Sendos informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la consultora Deloitte sobre los distintos gravámenes que pesan sobre los salarios abundan en esa idea, aunque en esta ocasión la extiende a buena parte de los socios de la Unión Europea teniendo en cuenta el peso del impuesto de la renta (o tributo similar) y las cotizaciones sociales sobre las retribuciones. De media, en esos países los trabajadores solo reciben un 36% de lo que pagan las empresas por ellos.

El Estado más voraz en este aspecto es Bélgica, incluso superando la mitad del sueldo de un trabajador: en concreto, entre IRPF y cotizaciones varias se queda con el 54% de su salario. Un escalón por debajo se encuentran otros cinco países con una elevada presión fiscal sobre el trabajo: Alemania (49,4%), Hungría (48,2%), Francia (48,1%), Italia (47,8%) y Austria (47,1%). Un tercer grupo, también con un saldo desfavorable a los empleados, lo conforman Finlandia (43,8%), República Checa (43%), Suecia (42,8%), Eslovenia (42,7%), Letonia (42,6%), Eslovaquia (41,5%), Portugal (41,5%) y Grecia (40,2%).

España aparece en una posición media alta en esta clasificación, superando también la presión fiscal media en las economías desarrolladas. En concreto, un trabajador medio tiene que dar aquí a Hacienda, Empleo y la Seguridad Social el 39,5% de su sueldo, es decir, que prácticamente 40 de cada 100 euros que gana al mes se los retira el Estado para ayudar a costar distintas partidas del gasto público, cubrir parte de su prestación en caso de que pudiera quedarse en paro e ir generando la pensión que le tocaría recibir en el futuro cuando se jubile.

Llama la atención que dos países europeos considerados de baja tributación como Luxemburgo (38,4%) y Holanda (37,5%) soporten, no obstante, una elevada carga tributaria sobre su actividad laboral, por encima de la media de la OCDE. Ya saliendo de la órbita europea, grandes potencias mundiales como Japón (32,4%), Estados Unidos (31,7%), Canadá (31,4%) se encuentran por debajo del promedio, aunque en cualquier caso no bajan del mínimo del 30%, esto es, las arcas públicas de las economías desarrolladas se quedan con al menos 30 de cada 100 euros de la retribución que reciben sus trabajadores.

Entre la excepción a esa regla no escrita, y por lo tanto los países de la OCDE con menor presión fiscal en el mercado laboral, están México (20,1%), Suiza (21,8%), Israel (22,1%), Corea del Sur (22,2%), Irlanda (27,1%) y Australia (28,6%). Y todavía por debajo de ese nivel aparecen Nueva Zelanda (17,9%) y, sobre todo, Chile (7%).

Un 44% menos de sueldo

Claro que hablamos de salarios medios brutos que, por ejemplo, en las cuatro grandes economías de la Eurozona son claramente mayores que en España, en concreto un 44% superior puesto que en ellas, como promedio, un trabajador cobra 41.194 euros al año. Se trata de una cifra casi inalcanzable para los trabajadores españoles, porque solo un 4,5% de los asalariados en este país consiguen obtener un sueldo de esas características.

En concreto, los 22.858 euros que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofreció como retribución media en España en el año 2016 ni siquiera suponen la mitad de los 47.042 euros que se pagaron en Alemania o los 49.235 que se llegaron a cobrar en Holanda. Además, el dato español se encuentra a una gran distancia, por ejemplo, de los 37.792 euros de Francia o los 30.710 de Italia.

Siguiendo esas mismas pautas, y tomando los datos recogidos en los estudios de la OCDE y Deloitte, España estaría en una posición media comparando los ingresos netos que recibe un trabajador de su empresa en comparación a lo que le cuesta realmente a ésta. Así, para un salario bruto de 50.000 empresas, la compañía tendría que pagar un total de 63.067 euros aunque, al final, su empleado solo recibiría 34.280 euros, es decir, su remuneración solo representaría el 54% de su coste empresarial.

¿Infierno tributario?

Pese a algunas conclusiones que se desprenden de dichos informes, la asociación Gestha de técnicos de Hacienda rechaza que la presión fiscal aquí sea tan elevada como se pueda pensar, y mucho menos que pueda calificarse al país de «infierno tributario» desde el punto de vista de las cargas impuestas al mercado laboral (IRPF y Seguridad Social). Y para ello dan un dato general, sacado según destacan de las estadísticas oficiales del Ministerio: la imposición al trabajo en España ingresa 29.699 millones de euros menos que la cifra promedio entre los Estados de la UE.

Y la razón de ello, señalan, es básicamente la menor recaudación de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de los trabajadores, lo que sitúa a España en la vigésima posición de una Unión Europea con 28 países miembros. Los técnicos de Gestha, asimismo, rebaten la cifra media de presión fiscal sobre el trabajo (365) que apunta la OCDE porque -alegan- es solo una cuenta aritmética sin ponderar el número de trabajadores de cada país, de modo que el resultado obtenido sería una carga fiscal menor en Estados con menor número de empleados.

Esta organización va incluso un paso más lejos, y hace referencia al caso de que no se incluyeran en esa cuenta ni las deducciones ni las reducciones fiscales que, en la realidad, los trabajadores sí lleguen a disfrutar. En ese supuesto, apuntan desde Gestha, la presión fiscal real del conjunto de los empleados en España (considerando el IRPF pagado efectivamente y las cuotas a la Seguridad Social obligatorias para empresario y trabajador) bajaría hasta el 16,7%, «muy inferior a la apuntada por la OCDE», lo que dejaría al país en el puesto número 14 dentro de la UE de 28 Estados.

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