La cadena alimentaria, bajo la lupa de la Administración

¿Por qué bastantes alimentos, y con frecuencia no precisamente raros, multiplican varias veces su valor desde que son recogidos en el campo hasta que llegan a la mesa del consumidor final y eso que prácticamente no han sufrido proceso de transformación alguno? Difícil es la respuesta a una pregunta tan delicada como repetida por parte de muchos, tanto productores como usuarios, y a la que no resultaría justo darle una contestación simple. Ahora bien, todos coinciden en que es evidente que algo está fallando, y hace ya bastante tiempo, en la cadena.

Por eso el Gobierno alumbró la Ley para la defensa de la cadena alimentaria, que entró en vigor en agosto de 2015 y venía a desarrollar Ley de la Cadena Alimentaria aprobada a principios de 2014, estableciendo entonces lo que desde el Ministerio de Agricultura se definía como un «marco novedoso». Y como tal podía considerarse que se concretasen al fin las sanciones para corregir «posibles desequilibrios» en ese sistema y, al tiempo, también se «homogenicen las reglas» sobre inspecciones y prevención del fraude.

Pero tres años después de la entrada en vigor de la segunda, y con ella de la puesta en marcha de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), agricultores y ganaderos denuncian que siguen existiendo problemas y ven el vaso más medio vacío que medio lleno, entre otras cosas porque estiman «poco disuasorias» las cuantías de las multas (desde 4.000 euros hasta tres millones solo en los casos muy graves).

Y algunas estadísticas parecen darles claramente la razón pues, según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elaboran cada mes la organización agraria COAG junto a las asociaciones de consumidores UCE y CEACCU, el coste de un alimento se multiplica como promedio casi cuatro veces (en concreto, 3,82) desde que se recoge en el campo hasta que se sirve a quien lo va a consumir.

El último récord (según el IPOD de diciembre) ha correspondido a los limones, cuyo precio se encarecía a finales de 2016 hasta 8,2 veces (un 712%) a lo largo de esa cadena, desde los 0,26 euros el kilo que se pagan en origen hasta los 2,11 euros de media que le costaba al consumidor. Les seguían, con subidas igualmente desmesuradas, las naranjas (un 679% más), las mandarinas (670%), los repollos (638%), las aceitunas verdes (574%), las manzanas (517%), las lechugas (395% la unidad) y la carne de cerdo (359%). No obstante, en el caso de las verduras, sobre todo las de hoja verde, la climatología también ha jugado en contra al perjudicar el frío intenso a las cosechas, de modo que a menor oferta más presión sobre las tarifas.

Para controlar hasta qué punto estas subidas pueden estar justificadas la AICA realiza una serie de controles de forma periódica en todos los eslabones de la cadena alimentaria -con atención especial al funcionamiento de los mercados del aceite y del vino, además de sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas parecidas-, amén de responder a las denuncias que recibe. Estas últimas, sin embargo, solo representan un 9,8% de sus actuaciones (53 registradas en 2016, casi la mitad sobre el sector lácteo), de manera que por cada reclamación presentada la Agencia ya hace de media otras 10 inspecciones de oficio, hasta sumar 541 el año pasado.

La industria láctea, bajo sospecha

Si analizamos los tres años de funcionamiento de la AICA, el resultado es de 5.957 inspecciones realizadas, a una media de 5,4 diarias, frente a 149 denuncias recibidas (4,1 mensuales). Como resultado de esas investigaciones se han propuesto hasta 622 sanciones (de las que un 9% correspondieron al año pasado), con un promedio de 17,3 al mes. Por sectores, entre 2014 y 2016 nueve de cada 10 irregularidades descubiertas se dieron en las frutas y las hortalizas (51,3%), junto a la leche (41,5%). Ya más lejos queda el mercado del aceite (6%). Sin embargo, si atendemos solo a lo ocurrido en los últimos 12 meses, la industria láctea se lleva la palma con casi el 93%.

La mayoría de las sanciones desde 2014 han sido por incumplimientos en los plazos de pago (62,2%) y ausencia de contratos (23%, si bien el año pasado se dispararon este tipo de irregularidades hasta suponer ocho de cada 10 multas propuestas), y en ambos casos el colectivo más perjudicado suele ser el de los productores. Y eso se nota también al ver cuáles son los eslabones de la cadena más señalados por la Agencia, pues el 87,5% de los castigos que propuso en 2016 fueron dentro de la industria alimentaria, frente al 10,7% en la distribución comercial minorista (supermercados y grandes superficies).

Una de cada tres denuncias presentadas ante la AICA (en concreto, 51 de las 149 registradas desde su creación, y 17 de ellas solo el año pasado) son por posibles ventas a pérdidas, una práctica denostada por agricultores y ganaderos porque sirve para tirar abajo sus precios y que, sin embargo, es tolerada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) porque considera que puede mejorar la competitividad de los sectores afectados. Pero como la Agencia no tiene competencias en esa materia luego tiene que remitir esos expedientes a las comunidades autónomas, responsables en último caso de castigar o perdonar los presuntos abusos.