Arranca el juicio por el supuesto fichaje irregular de Mikel Cabieces por Kutxabank

Se abre mañana en la Audiencia de Bizkaia el juicio oral en uno de los procedimientos que más interés ha despertado en los últimos años en Euskadi en el ámbito político-financiero, el llamado caso Cabieces, en el que se juzga el presunto pago irregular desde Kutxabank y a través del despacho del prestigioso abogado laboralista bilbaíno Rafael Alkorta de 243.592,02 euros al que fuera delegado del Gobierno central en el País Vasco, Mikel Cabieces.

Un desembolso que, según la tesis del propio banco, que fue quien en enero de 2012 prendió la mecha de este asunto, del Ministerio Fiscal y de la acusación popular habría sido ordenado, fuera de los cauces reglamentarios en la entidad financiera, por su expresidente, Mario Fernández. Este último nunca negó -tampoco en sede judicial- la contratación indirecta de Cabieces, gesto que, explicó, realizó en virtud de una «ley no escrita» en base a la que a las personas que habían estado en primera línea contra ETA se les buscaba una ocupación cuando terminaban sus tareas administrativas o gubernamentales.

Se trataba, añadió Fernández, «de una cuestión de Estado; de algo vigente durante los últimos treinta años», aceptado y practicado «por todos los Gobiernos y todos los partidos». Según sus palabras, la petición le llegó de un alto cargo del PP vasco, y de ella habrían tenido conocimiento también las cúpulas de PNV y PSE. «¿Qué harían ustedes?», llegó a defender en su declaración ante la jueza.

Esta primera sesión se dedicará a aspectos técnicos, aunque es previsible que las defensas de los investigados (los tres antes citados) soliciten la anulación del proceso. Las espadas están en alto, pues lo que nació como un desembolso millonario por no hacer nada (esa fue la tesis del banco, que finalmente no se ha personado en el juicio como acusación particular y ha preferido ocupar un discreto segundo plano) ha pasado a ser un pago aparentemente desproporcionado.

Sea como fuere, la juez encargada de la instrucción del caso, Ana I. Álvarez Fernández, decretó hace casi un año la apertura de este juicio oral al entender que se podía hablar «indiciariamente», de la existencia de «un perjuicio directo para la entidad y un correlativo beneficio para un tercero, concurriendo también la disposición fraudulenta de bienes de la sociedad y el abuso de las funciones del cargo, elementos necesarios para poder considerar la existencia de un delito de administración desleal».

Un cheque

Esta tesis del perjuicio económico ha quedado descafeinada, pues el propio Mario Fernández devolvió de su dinero particular -mediante un cheque a favor de Kutxabank- la misma cantidad cobrada por Cabieces menos de 24 horas después de que su sucesor en el cargo, Goyo Villalabeitia, le pidiera explicaciones por el asunto. Mario Fernández se sintió «engañado» ya que, según sus palabras, el ya presidente del banco le habría trasladado que si se resarcía ese 'agujero' la situación quedaría neutralizada.

Pero nada más lejos de la realidad. Villalabeitia -a quien el responsable de recursos humanos del banco, Fernando López de Eguílaz, había informado de la contratación de Cabieces por orden de Mario Fernández- ordenó una auditoría interna, que concluyó que se había pagado a Cabieces sin recibir servicio alguno a cambio.

Kutxabank consultó la cuestión con el Banco de España y el Banco Central Europeo, que le invitaron a poner inmediatamente el caso en manos de la Fiscalía. Ahí terminó la participación activa en el juicio de la entidad, que, según Villalabeitia, hizo «lo que debía».

Tras la instrucción, en la que se incorporó la acusación popular (en representación de LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria), representada por la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, la jueza constató en su escrito a la Audiencia que la contratación de Cabieces «se impuso... obviando el procedimiento regulado» y «escapando a toda posibilidad de control».

Al finalizar la instrucción, la jueza concluyó que Cabieces sí había trabajado desde el despacho de Rafael Alkorta para Kutxabank, aunque su desempeño habría sido remunerado con una cantidad superior ala misión de «reciclaje profesional» del exdelegado del Gobierno (antiguo abogado laboralista) para el que había sido contratado.