Comienzan a bajar ya en Euskadi las nuevas pensiones de jubilación

Las nuevas pensiones acusan ya los efectos de las últimas reformas. Era cuestión de tiempo, pero la crisis ha acelerado los plazos y los cambios vigentes desde 2013 han comenzado ya a afectar a su cuantía: en el caso de Euskadi, en el último ejercicio ya ha habido meses en que las prestaciones recién concedidas han sido más bajas que un año antes. Esta situación sin precedentes, que por el momento es puntual, se irá generalizando a medida que la reforma queme etapas y se complete en el año 2027.

En los meses de julio y diciembre del año pasado, las nuevas prestaciones de jubilación en Euskadi fueron inferiores a las de 2014 -en el conjunto de España sucedió lo mismo en noviembre y diciembre-, un proceso que se había dado ya en algunas ocasiones de los dos años precedentes, pero debido entonces a cambios en el encuadramiento de la prestaciones de invalidez al cumplir los beneficiarios los 65 años.

Aunque las cifras medias del conjunto del año mantengan incólume durante 2015 las subidas de las prestaciones, el hecho de que en algunos meses comience a invertirse la tendencia, cuando solo han transcurrido tres años completos de la última reforma del sistema, indica con claridad que la caída será generalizada en muy pocos años.

Cada año en Euskadi en torno a 20.000 trabajadores comienzan a cobrar su pensión de jubilación, de los cerca de 300.000 que lo hacen en el conjunto del sistema. La cuantía media de estas prestaciones, que a la postre marcan en buena medida la del resto, fue en diciembre del año pasado en el País Vasco de 1.644 euros frente a los 1.673 del mismo mes del año anterior. Fue la más alta de España, donde se situó en los 1.347 euros -en todos los casos por 14 pagas-, cifra 10 euros inferior a la de un año antes.

Si el deterioro se agudiza no es descartable que en unos años este fenómeno, que afectará primero solo a las nuevas prestaciones, alcance al conjunto de pensiones vigentes. Y es que solo la continuidad de la creación de empleo y una vigorosa recuperación salarial puede acabar con el déficit de la Seguridad Social -el año pasado pudo rondar los 15.000 millones de euros-, lo que permitiría subidas anuales por encima del 0,25%.

Basta observar la evolución de los datos estatales al respecto -muy similares en todas las comunidades autónomas- para advertir los riesgos futuros. La prestación media de jubilación -antigua y nueva- ha pasado de crecer antes de la crisis más del 5% anual a menos del 2,2% en el año pasado. Y lo mismo pasa con el resto de clases de pensión (invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares), que han conformado una prestación media global del sistema que ha pasado de subir a un ritmo anual del 5% en 2007 a menos del 1,9% en 2015.

¿Hay posibilidades de que esta tendencia revierta en el futuro? Pues los expertos la descartan de manera rotunda. Es más, todo apunta a que esta situación se acentuará en el futuro a medida que cumpla plazos la normativa actual, por lo que los trabajadores harían bien, aconsejan, en plantearse dotar un fondo complementario de pensiones para cuando se jubilen.

Más años y más tarde

La cuantía de la nueva pensión de jubilación ha dependido hasta ahora básicamente de tres circunstancias: cantidades cotizadas, número de años de aportación y edad a la que se retira el trabajador. Y a partir del 1 de enero de 2019 entrará en juego un nuevo factor: se tendrá en cuenta la esperanza de vida de la generación de los nuevos jubilados, que es cada vez más elevada.

La reforma que entró en vigor en 2013 está contribuyendo a rebajar la cuantía de la pensión esperada, al elevar la cifra de años cotizados que se toman en cuenta para el cálculo de la misma. Hasta entonces era de 15 años y a cada ejercicio que pase hasta 2022 subirá uno más. Este año, 2016, ese periodo es de 19 años. Al tomarse en cuenta más tiempose computan salarios más antiguos que, en general, fueron más bajos -pese a que existe una fórmula para salvar el escollo de la inflación- y por tanto el resultado final es más ajustado.

Por otro lado, el aumento de la edad de jubilación, en el presente ejercicio a 65 años y 4 meses -65 años en el caso de que se hayan cotizado más de 36 años-, también presiona sobre la cuantía de la pensión de forma indirecta. Y ello porque pese a aumentar la edad oficial de retiro, la edad real no lo ha hecho en la misma proporción. Y si los trabajadores se jubilan a la misma edad que antes de la reforma, las penalizaciones son ahora mayores y la prestación final resultante, más baja. El periodo transitorio en este capítulo finalizará en 2027, cuando la edad legal de jubilación será los 67 años.

Y también contribuye a frenar las prestaciones la reforma que eleva hasta 38,5 años el tiempo necesario de contribución al sistema para tener acceso a una pensión 'completa'. El periodo de aplicación de este cambio finaliza también en 2027 y este año se exigen ya 36 de cotización para jubilarse a los 65 años y 4 meses. Pues bien, por cada año que falte para cumplir esos 36 años existe también penalización pese a a que se haya cumplido la edad legal.

Incertidumbre

Por otro lado, la larga crisis económica ha empujado a muchos trabajadores a adelantar su pase a la 'reserva' para poder enlazar la prestación de desempleo con la pensión. Incluso es obligatorio hacerlo cuando se está percibiendo el subsidio de paro. Ese adelantamiento también conlleva las penalizaciones de rigor.

Asímismo, las carreras irregulares de cotización que ha propiciado el elevado paro en las personas de más edad -es donde se concentra el desempleo de larga duración- contribuyen a recortar una pensión que en circunstancias legales hubiera sido más elevada.

Existe aún otro factor. Las incertidumbres sobre una reforma que aún está en marcha y que prevé nuevas actuaciones que están llevando a muchos trabajadores a cumplir la máxima cinematográfica de 'toma el dinero y corre'. Me refiero a la aplicación el 1 de enero de 2019 del factor de sostenibilidad que hace referencia a la esperanza de vida de las personas que se jubilen a partir de esa fecha. Como ésta habrá aumentado, lo previsible es que se aplique una reducción proporcional de la prestación que se comienza a cobrar. Ya hay trabajadores que a falta de tres años para que se aplique esa medida -que no debería tener una elevada incidencia, según los expertos- están haciendo planes para retirarse antes de padecer sus efectos.