La jueza ordena abrir juicio oral contra Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alkorta

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Bilbao, Ana I. Álvarez Fernández, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, asi como contra quien fuera delegado del Gobierno socialista en Euskadi, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alkorta.

Según un auto emitido por la magistrada el pasado día 5, una vez realizadas las pruebas y recabados los testimonios pertinentes durante la fase de instrucción, se aprecian indicios suficientes para atribuir un posible delito de administración desleal y fraudulenta, en concurso con otro de apropiación indebida, así como un tercero de falsedad documental.

Estos ilícitos llevan aparejadas posibles pena de prisión inferior a nueve años, con lo que el el camino que ahora se inicia se desarrollará por la vía del procedimiento abreviado. La magistrada ha solicitado a la Fiscalía y a la acusación popular que en el plazo de diez días presenten escrito de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa. Este procedimiento se inició allá por el mes de enero del pasado año, cuando, tras una investigación interna ya con Goyo Villalabeitia en la presidencia del banco, Kutxabank trasladó al Ministerio Fiscal unas presuntas irregularidades cometidas por Mario Fernández cuando aquel estuvo al frente de la entidad.

Sin personarse expresamente en el caso, Kutxabank expuso que Fernández habría ordenado de manera fraudulenta pagar un dinero al expolítico socialista a través del despacho del abogado bilbaíno Rafael Alkorta. Fue una denuncia de la Fiscalía en febrero de 2015 la que encendió la mecha judicial del denominado caso Cabieces.

Abonos mensuales

Según indica la resolución, las salidas de dinero desde Kutxabank entre marzo de 2012 y noviembre de 2014 destinadas a Cabieces, mediante abonos mensuales de una cantidad fija, resultan "incuestionables" y se efectuaban a través de los pagos del banco al despacho de abogados de Rafael Alcorta, con el que el banco tenía suscrito un contrato de servicios bajo la fórmula de la "iguala".

La juez señala que, aunque se ha tratado de justificar la incorporación del exdelegado del Gobierno a la actividad que desarrollaba ese bufete en la coyuntura de un mayor volumen de trabajo en materia social y laboral tras la integración de las cajas vascas en Kutxabank y la adquisición de Cajasur, "no se daban las circunstancias necesarias para una nueva contratación". Además, considera que el importe de las percepciones "no guarda proporción con el valor de la actividad desarrollada".

Cantidad equivalente a cuatro mensualidades

El auto señala que el exrepresentante del Ejecutivo de Zapatero en Euskasi recibió una cantidad equivalente a cuatro mensualidades más 900 euros, durante un periodo en el que "no se desarrolló ningún servicio" para Kutxabank, y que esas facturas fueron giradas bajo un concepto "falso, pues el indicado no respondía a un servicio o prestación que se considerara adicional".

La juez indica que el entonces presidente de Kutxabank "impuso" al responsable de Recursos Humanos de la entidad la realización de "unos abonos periódicos" durante un período determinado de tiempo, "obviando el procedimiento regulado vigente en la entidad" y sin existir un documento contractual, "impidiendo que pudiera efectuarse un control de la prestación del servicio". A su juicio, los anexos a las facturas "dejan claro que el importe facturado adicional al precio de la iguala no retribuía un trabajo de Rafael Alcorta, sino de un tercero, trabajo que no constaba".

En la resolución se indica que, atendiendo a determinado documento, «la pretensión era facilitar la incorporación al mercado laboral» de Mikel Cabieces tras concluir su labor como delegado del Gobierno en el País Vasco, «asumiendo su formación» y «limitándose el trabajo relativo a la entidad a temas que no tuvieran visualización pública y con el letrado de CajaSur». «Por lo tanto -añade- no se trataba de la contratación de un profesional especialmente cualificado o de un profesional que aún debiera completar su formación pero en el que se pretendiera invertir como valor de futuro de la entidad».