La estafa de Indaux les costará a los trece condenados 82 años de cárcel y 58 millones de multa

Imagen de la primera sesión del juicio por la estafa de Indaux, en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en octubre de 2013. /
Imagen de la primera sesión del juicio por la estafa de Indaux, en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en octubre de 2013.

El fallo contempla el decomiso de una larga lista de bienes y cuentas de los acusados

VICENTE AGUIRRE SAN SEBASTIÁN.

La que probablemente sea una de las mayores estafas cometidas en el territorio guipuzcoano ha quedado resuelta en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. El tribunal ha decidido condenar a trece de los diecisiete acusados del desfalco al grupo de sociedades Asedir, con sede en Getaria, cuya firma emblemática es Indaux, que vio cómo en apenas cuatro años desaparecían de sus cuentas 22 millones de euros.

Casi seis años después de que se destapara el caso, el tribunal condena a los implicados a un total de 82 años de prisión -74 para ocho de ellos- y a multas que superan los 58 millones. Los dos principales acusados, Ramón Jose Azkue, director financiero del grupo, y el inversor Pedro José Urrutia, resultan condenados a trece años y seis meses y trece años, respectivamente, además de a indemnizar a Indaux con más de 20 millones, sin perjuicio de las elevadas multas que se les imponen.

El exresponsable de las cuentas de la firma estafada es considerado culpable de los delitos de apropiación indebida y alzamiento de bienes, y cooperador necesario en el blanqueo de capitales, mientras que se le absuelve del delito de administración desleal que también se le imputaba.

A Urrutia se le condena como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales y como cooperador necesario en el también delito continuado de apropiación indebida. Idénticos delitos, aunque en menor medida, se atribuyen a otros seis de los acusados, familiares y personas del entorno y confianza del inversor. Otros cuatro imputados son considerados culpables de cooperación necesaria en la apropiación indebida y a la hija de Urrutia se le responsabiliza del delito continuado de blanqueo de capitales.

El fallo del tribunal, al que ha tenido acceso DV, valora el papel de la acusación particular ejercida por Asedir de la mano del letrado Ernesto Díaz-Bastien, de cuya denuncia arrancó el procediemiento, aunque la sentencia es recurrible ante el Supremo

La acusación pública, que instruyó la causa, consideró en su día que Ramón Azkue «extrajo sumas de dinero de las cuentas que manejaba entre los años 2003 y 2007 extralimitándose de los poderes que le habían sido conferidos y abusando de la confianza en él depositada». El dinero lo desviaba posteriormente mediante transferencias a otras de titularidad de Pedro Urrutia y, por indicación de éste, a los restantes acusados.

La Fiscalía afirma que el director financiero recurrió presuntamente a fuentes de financiación a cargo de las empresas perjudicadas, obtuvo créditos que no eran necesarios, utilizó cuentas para pasar fondos de unas a otras sin necesidad de justificar movimientos, efectuó traspasos y ocultó salidas de fondos ilícitas, entre otras operaciones. Todo ello sin el conocimiento de los socios financieros de Indaux.

De esta forma, extrajeron un total de 20.386.719 euros, aunque el perjuicio económico ascendió a casi 22 millones debido a los intereses y gastos de distintos préstamos originados por la «operativa fraudulenta de los acusados».

Una cantidad que supuso un quebranto económico muy fuerte para el Grupo Asedir, que señaló en su día que aunque la operativa no parece muy sofisticada resultó muy eficaz, ya que logró ocultar la salida del dinero. De hecho, fue un requerimiento de la Audiencia de Barcelona, que se interesó por unos cheques que se habían pagado a raíz de la venta de unos terrenos realizada por el director financiero, lo que puso sobre la pista del desfalco.

El fallo conocido ahora contempla también el decomiso de una larga lista de bienes de los acusados, entre los que destacan fincas, propiedades inmobiliarias y saldos de numerosas cuentas corrientes de Pedro Urrutia y de dos de sus sociedades en Costa Rica. También figuran nada menos que ocho y cinco vehículos de alta gama propiedad de dos de las condenadas.

 

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