Competencia investiga a siete empresas que prestan el servicio de comedores escolares públicos de Euskadi

Competencia investiga a siete empresas que prestan el servicio de comedores escolares públicos de Euskadi

Considera que podrían llevar años «repartiéndose el mercado y fijando los precios» del suministro de comida a centros públicos con comedores dependientes del departamento de Educación del Gobierno Vasco

DAVID TABERNASAN SEBASTIÁN

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha incoado un procedimiento sancionador contra siete empresas que han prestado en la última década el servicio de comedores escolares públicos del País Vasco. Según la entidad que preside Pilar Canedo, las empresas a las que se investiga se dedican, entre otras actividades, a la prestación de servicios de restauración a colectividades y al suministro de comidas preparadas, materias primas y contratación de personal para llevar a cabo ese servicio, en centros escolares con comedores de gestión directa dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Según Competencia, desde al menos desde el año 2003 hasta el año 2014, cada una de las empresas investigadas viene realizando la prestación del servicio en uno determinado de los lotes abiertos por la Administración Vasca para organizar el servicio.

Tras recibir una denuncia y llevar a cabo una investigación preliminar, la dirección de investigación de la AVC considera que "existen indicios de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de prestación de estos servicios", por lo que ha decidido investigarlos formalmente en este procedimiento.

En opinión de la AVC, "de los hechos analizados podría deducirse la existencia de un mecanismo de presentación de ofertas acordado previamente entre las empresas para repartirse el mercado.

Este presunto acuerdo propiciaría por tanto mejores condiciones para las empresas objeto de la denuncia y aumentaría el coste del servicio de comedor para la Administración Vasca y para los usuarios últimos de este servicio".

La incoación de un expediente, en cualquier caso, no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente por la AVC.