Cuatro años de cárcel para Camio por actuar de «forma fraudulenta» en el caso Balenciaga

La sentencia, de la que es ponente la jueza María José Eceiza, del Juzgado de lo Penal número dos de San Sebastián, llega veinte años después de la constitución de la Fundación Cristóbal Balenciaga, la comisión presidida por el ya fallecido modisto Hubert de Givenchy que dio los primeros pasos para hacer realidad el proyecto. Aquella fundación fue impulsada por Mariano Camio, entonces alcalde de Getaria por el PNV, con el respaldo de las principales instituciones públicas. El propio Camio ocupó el puesto de vicepresidente, lo que en realidad le otorgaba un considerable margen de maniobra ya que la presidencia de Givenchy, instalado en París, tenía una marcada dimensión simbólica.

Camio se valió de sus prerrogativas para contratar al arquitecto cubano Julián Argilagos, cuyo título no estaba convalidado en España, con el fin de que elaborase el proyecto del museo. Esa relación está en el origen de una serie de irregularidades en la construcción del edificio que desataron un considerable escándalo cuando salieron a la luz y que dieron pie a la apertura de una investigación judicial. Las diligencias practicadas confirmaron la existencia de indicios de delito en la gestión de Mariano Camio, Julián Argilagos y Ronaldo Paciel, este último contratado cuando Argilagos se trasladó a vivir a Estados Unidos. El museo, que inicialmente fue presupuestado en 4,8 millones de euros, terminó costando 30 millones.

La Fiscalía redactó un informe en el que pedía ocho años de cárcel para Camio como responsable de los delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y delito societario. En ese mismo escrito la acusación solicitaba cuatro años de prisión para Argilagos por administración desleal, mientras que Paciel era imputado por un delito menor de intrusismo y se le exigía una multa de 3.600 euros. El fiscal argumentaba que «la relación sentimental» que Argilagos mantuvo con Camio fue la que llevó a este último a realizar «una gestión patrimonial gravemente dañosa» para las entidades que promovieron la construcción del museo y que «tenía como fin primordial el enriquecimiento y favorecimiento de la persona de Julián Argilagos».

Confirmado el escrito de acusación de la Fiscalía, hubo que esperar varios años para que se celebrase el juicio. Primero fue la ausencia de Argilagos, en paradero desconocido desde su marcha en 2005 a Estados Unidos, la que demoró la causa. Tras cumplimentar sin éxito varias gestiones con el fin de localizar al acusado, la Justicia cursó una orden internacional de busca y captura que hasta ahora no ha dado resultado. Posteriormente, cuando todo parecía listo para la vista, el principal acusado sufrió un infarto que aconsejó una nueva demora.

El juicio se celebró finalmente el pasado mes de abril con la presencia en el banquillo de Camio y de Paciel. El primero, convertido ahora en un jubilado de 66 años alejado de la actividad política, mantuvo en todo momento su inocencia, negó cualquier maniobra para favorecer a Argilagos y realizó un alegato final en el que aseguró que «de lo único que me siento culpable es de no haber sabido elegir a las personas adecuadas para el proyecto». Fueron necesarios siete días de vista para que los más de treinta testigos convocados por las partes declarasen ante el tribunal. Los 28 voluminosos tomos que ocupan la transcripción de las diligencias del sumario dan fe de la complejidad de la causa.

La «relación sentimental» entre Camio y Argilagos a la que recurrió la Fiscalía para explicar el comportamiento del primero apenas salió a relucir en la vista. El exalcalde de Getaria se limitó a señalar en su declaración que la hipótesis que planteaba la acusación era «indignante». Tampoco la ponente de la sentencia se ha aventurado en ese territorio: «Se analizarán (los hechos) -razona en el texto- sin entrar en el supuesto «móvil» que inspiró al acusado («la relación sentimental» entre este y Julián Argilagos), pues entiende esta juzgadora que ello carece de relevancia penal para el enjuiciamiento de los hechos objeto de acusación».

En la sentencia, que ocupa 83 páginas, la jueza hace un repaso de la actividad que desplegó Mariano Camio como gestor de las entidades encargadas de llevar adelante el proyecto del museo. Recuerda que «el acusado tenía amplias facultades para la administración, gestión y disposición de los fondos de la Fundación Balenciaga y de la Sociedad Berroeta Aldamar pero, a la vista de los hechos, ha quedado acreditado que fue más allá de una gestión defectuosa o una mala gestión». La jueza considera probado que Camio «obró a espaldas» de esas dos entidades, «que lo hizo de forma fraudulenta beneficiando a terceros y que su actuación causó un grave perjuicio o un daño económico a la Fundación y a los socios de Berroeta Aldamar».

La jueza distingue en la sentencia tres irregularidades a partir del «examen de las operaciones efectuadas por el acusado». En el primer apartado constata «la existencia de dobles contrataciones», en el segundo confirma que hubo «contrataciones de profesionales o de empresas por servicios o trabajos que no se llevaron a cabo» y en el tercero habla de «disposiciones de fondos y pagos injustificados y contrarios a los fines y a las decisiones de los órganos rectores». El fallo menciona algunas de esas dobles contrataciones: la de «la empresa Eptinsa-Cinsa para llevar a cabo el proyecto de ejecución de la fase de ampliación el museo (del que debería encargarse la empresa de Julián Argilagos)» o la de la firma Cabeza de Lobo para un proyecto de interiorismo pactado con anterioridad. También se refiere la jueza a la mujer de Julián Argilagos, Adriana Josefa Fernández, a la que se le encargó la realización de «un plan estratégico para el museo por el que se había contratado y pagado a otra empresa».

La ponente concluye que Camio «incurrió en una gestión desleal o abusiva en el ejercicio de sus funciones, por lo que procede su condena como autor de un delito de administración desleal». A los dos años y seis meses que la sentencia le adjudica por ese cargo hay que sumar los otros dos años por el delito de falsificación en documento mercantil. La jueza recuerda en ese sentido que en el juicio quedó acreditada la existencia de firmas «manipuladas o alteradas» por parte del exalcalde. También le considera responsable de confeccionar facturas falsas a las que luego añadía conceptos con los que justificaba los desembolsos ante las entidades que financiaban los trabajos. «El acusado presentó una factura simulada y, conociendo que el trabajo objeto de la factura no se había desempeñado, ordenó su pago beneficiando al señor Argilagos», precisa el texto. El recibo, aparentemente destinado a pagar un proyecto de interiorismo, era de 129.379 euros.

En ausencia de Argilagos, la sentencia condena a Camio a devolver las cantidades defraudadas. A la sociedad Berroeta Aldamar deberá abonar 426.093 euros y 43.687 a la Fundación Cristóbal Balenciaga. En esas cantidades están incluidos los 11.673 euros de gastos que el acusado cargó a la tarjeta de crédito de la Fundación Cristóbal Balenciaga por las reparaciones de su vehículo particular, por combustible y por viajes particulares, incluidos algunos a Miami, donde Argilagos estableció su residencia a partir de 2005 y desde donde Camio le permitía dirigir las obras sin el conocimiento de las entidades gestoras.

Esa situación llevó a contratar como sustituto al arquitecto Rolando Paciel, que tampoco tenía homologado su título en España, y al que la juez absuelve del delito de intrusismo. Asimismo, se suman 9.820 euros de gastos por el traslado a Miami de diversos trajes y piezas de Balenciaga para participar en una feria de arte en diciembre de 2006 en contra de la opinión de los trabajadores del museo y sin autorización de la Fundación. Esos vestidos sufrieron daños, algunos irreversibles, que han sido valorados en 31.111 euros que se incluyen en la 'factura' a pagar por el procesado.

La juez, sin embargo, absuelve en ese caso al exalcalde del delito de malversación al considerar que no ha quedado acreditado que esos trajes fueran del patrimonio público, ya que parte de la colección procede de cesiones, préstamos y donaciones de particulares. La sentencia, que aplica un atenuante por dilaciones indebidas, absuelve también a Camio del delito societario en su modalidad de denegar o impedir a un socio el ejercicio de los derechos de información, ya que no se ha podido concluir que «hubiera obstaculizado o impedido el ejercicio del derecho de información».