Sentencia del TSJPV favorable a un trabajador expuesto a amianto de Gureola Scott

El Diario Vasco
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado el recurso de Cominter Tisu SL contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Donostia y confirma la condena a la empresa a pagar una indemnización de 141.000 euros, más las costas judiciales, a la viuda e hijos de Juan C.R., fallecido el 20 de junio de 2017 afectado por un cáncer pulmonar derivado del amianto, tras quedar probado el notable cúmulo de incumplimientos de Scott Ibérica SA de las normativas de Seguridad e Higiene orientadas a proteger la salud de los trabajadores.

Juan C.R. trabajó desde 1962 en Gureola Scott como mecánico de mantenimiento hasta 1993. En su actividad le tocó reparar tuberías de calorifugado, así como la caldera de vapor, forrados con amianto. También cambiaba las placas de la fibra cancerigena en la campana de la máquina de papel, reparaba y sustituía las zapatas de freno o cambiaba las juntas de cartón Klingerit.

«Actividad que desarrolló con total desconocimiento del riesgo, limpiando con la escoba el puesto de trabajo, llevando la ropa de trabajo al domicilio para su lavado, mientras la empresa no les informó del riesgo cancerígeno, no les proporcionó protección respiratoria, ni se les practicó reconocimientos médicos específicos», señalan desde la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto.

La sentencia del TSJPV recoge que fueron notables los incumplimientos empresariales en relación a la necesaria protección de la salud del trabajador frente a los riesgos cancerígenos del amianto. Y por otro lado, aunque Cominter Tisu SL no reconociera que fuera sucesora, contrató durante 2014 y 2015 a 30 trabajadores, de los que 24 procedían de la empresa concursada. Por consiguiente, hubo transmisión de una unidad productiva apta para la continuidad de la actividad.

Asviamie muestra su satisfacción por que la sentencia del TSJPV ratifica los incumplimientos empresariales de las normas de Seguridad e Higiene, orientadas a proteger la salud de los trabajadores y, por tanto, condena a las empresas infractoras o sucesoras a indemnizar a las familias del fallecido.

«Ante la creciente epidemia de cáncer pulmonar y a la paralización de los trámites parlamentarios para crear el Fondo de Compensación a las víctimas como consecuencia del adelanto electoral, nos obliga a redoblar esfuerzos en las demandas judiciales a las empresas infractoras o sucesoras para lograr indemnizaciones». Finalmente, subraya que «siendo cierto que el hábito de fumar mata por cáncer pulmonar, este hábito no puede ocultar los daños producidos por la exposición laboral a múltiples sustancias cancerígenas, mientras que las empresas desprecian el cumplimiento de sus obligaciones preventivas».