Indignación de Stop Desahucios con el Ayuntamiento por el desarrollo residencial en Florida

Desde Stop Desahucios Hernani han querido expresar su más profundo «rechazo, indignación y asombro» ante la próxima promoción de viviendas en suelo público en el municipio, cuyo acceso se definirá mediante un sorteo entre personas con ingresos anuales de entre 20.000 y 70.000 euros. Se refieren al futuro desarrollo residencial a llevar a cabo en el antiguo solar de la empresa AMR, en Florida 08, que contará con 308 nuevas viviendas públicas.

Entienden que no es de recibo que «en el actual contexto de emergencia habitacional se proceda a la venta de suelo público, cuando lo que resulta urgente y necesario es la creación de vivienda pública de alquiler social y asequible. Queremos subrayar que el parque público de vivienda en alquiler es la herramienta más eficaz, sostenible y justa para garantizar el derecho a la vivienda a largo plazo. A diferencia del modelo de acceso a la propiedad, que suele favorecer a perfiles económicos medios y excluye a los sectores más vulnerables, la vivienda pública en alquiler permite dar respuesta a las necesidades habitacionales reales de la población, asegurando la función social del suelo y del patrimonio público».

Desde Stop Desahucios consideran que la actuación prevista por el Ayuntamiento de Hernani «vulnera el espíritu y los objetivos tanto de la Constitución como de la ley vigente y perpetúa un modelo de ciudad excluyente, insostenible y profundamente desigual». Por todo ello, instan a que se paralice la venta de suelo público y se reconduzcan las siguientes promociones hacia un modelo de vivienda pública en alquiler, «verdaderamente accesible, priorizando a los colectivos que se encuentran en situación de mayor necesidad».

Reiteran su disposición al diálogo y a colaborar con la administración «para construir soluciones habitacionales justas y coherentes con los derechos humanos», añadiendo que «todas estas cuestiones se podían haber debatido en la Mesa Municipal de la Vivienda, formada por partidos y organizaciones sociales del pueblo para tratar los problemas de vivienda, que se clausuró de manera unilateral por la alcaldía.