La Justicia desestima la demanda de Azpikola contra el Ayuntamiento

En el año 2011 la alcaldesa comunicó al representante de Azpikola 2004 la suspensión de las obras./
En el año 2011 la alcaldesa comunicó al representante de Azpikola 2004 la suspensión de las obras.

Reclamaba una indemnización de casi 28 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial

MARIVI OLANO ANDOAIN.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián, en sentencia dictada el pasado 5 de marzo, ha desestimado totalmente la demanda que presentó Azpicola 2004 S.L. contra el Ayuntamiento, y concretamente contra la Resolución de Alcaldía del 21 de marzo de 2017 que desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial, cifrada en 27.954.305,13 euros, y cuyo abono reclamaba al Ayuntamiento en concurrencia solidaria con Minas del Gobierno Vasco.

El litigio entre el consistorio y la empresa Azpikola 2004 S.L. se deriva de la suspensión cautelar de la licencia de obras y la denegación de la licencia de actividad para llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento de plataformas e instalaciones en la cantera de Azpikola, vinculadas a la ejecución de las obras del tramo Zizurkil-Urnieta del Tren de Alta de Velocidad. La empresa obtuvo la licencia de obras en abril de 2011, concedida por la Junta de Gobierno Local que presidía el alcalde Estanis Amuchastegui (PSE-EE), para implantar una serie de instalaciones vinculadas a las obras de ejecución del TAV en el tramo Andoain-Urnieta y para acondicionar terrenos en la zona de Azpikola para posibilitar la implantación de estas instalaciones.

En julio de ese mismo año, la Junta de Gobierno presidida por la alcaldesa Ana Carrere (EH Bildu) suspende cautelarmente la licencia de obras concedida por los socialistas por entender que se hallaba condicionada a la obtención de la licencia de actividad, y en el mes de octubre se ordena suspender las obras porque se estaban realizando sin los permisos pertinentes. La empresa argumentaba que los trabajos que paralizaba el Ayuntamiento consistían en acondicionar el acceso, ensanchándolo para que los camiones que trabajaban en la construcción del TAV pudieran maniobrar, y aseguraba que contaban con licencia para realizar estas obras, concedida por la Diputación Foral de Gipuzkoa a Azpikola 2004 S.L. y al Gobierno Vasco. Días después, el Ayuntamiento denegaba la licencia de actividad para la planta semimóvil de fabricación de áridos y de hormigón por entender, entre otras razones, que la actuación que pretendía Azpikola abarcaba un ámbito mayor que el afectado por la antigua cantera abandonada y porque la zona afectada constituye un área medioambientalmente degradada. Igualmente, rechazaba las obras para extraer 400.000 m3 de material por no considerar un uso vinculado a la ejecución de obra pública.

Azpikola 2004 presentó un recurso jurisdiccional ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Juzgado número 3 de San Sebastián contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que denegaba la licencia, por entender que las obras y actividades que tenía previsto realizar no precisaban de licencia municipal, recurso que fue desestimado porque, pese a considerar que se trataba de obras relacionadas con la actividad ferroviaria, no se integraban propiamente en las infraestructuras ferroviarias por ser instalaciones auxiliares.

Sentencia del TSJPV

La empresa apeló ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con objeto de que se reconociese su derecho a llevar a cabo las obras y actividades relativas al TAV y la setencia, dictada el 17 de junio de 2015, concluía que quedaba acreditado que las obras e instalaciones para las que la empresa solicitó la autorización municipal «se hallan exentas de control municipal» por tratarse de obras de construcción de la Nueva Red Ferroviaria Vasca, e imponía las costas del proceso al Ayuntamiento y a un grupo de vecinos que litigaron contra la empresa.

Demanda desestimada

Tras esta sentencia, la empresa reclamó al Ayuntamiento una indemnización de casi 28 millones de euros que se denegó mediante la Resolución de Alcaldía en marzo de 2017, por lo que acto seguido la empresa interpuso un recurso contencioso ante el Juzgado número 3 de San Sebastián. Se basaba para ello en el hecho de considerar que la denegación de la licencia de actividad que adoptaba la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 31 de octubre de 2011 fue lo que determinó la resolución unilateral por esta empresa del convenio de colaboración que tenía suscrito con Euskal Trenbide Sarea (ETS) y que le hubiera permitido, tras obtener documentos y autorizaciones necesarios, disfrutar para su propio beneficio del producto obtenido del tratamiento y valorización de los excedentes de tierras por las obras en la cantera.

El Ayuntamiento se opuso a la demanda porque considera que Azpikola 2004 carece de derecho minero alguno que hubiera podido ser dañado o lesionado por la denegación de la licencia municipal de actividad. A este respecto, la sentencia alude al Convenio de Colaboración entre la empresa y Euskal Trenbide Sarea, dejando en evidencia que este convenio «no otorgaba derecho minero alguno», ya que únicamente «configuraba una mera expectativa a beneficiarse del producto obtenido del tratamiento y valorización de los excedentes de tierras generados». Además, destaca que la propia empresa tiene reconocido ante el Ayuntamiento que la cuestión de los derechos mineros sobre la cantera no está definitivamente resuelta por los contenciosos que mantiene con la Sociedad Financiera y Minera S.A. y porque no cuenta con la autorización de la Delegación Provincial de Minas de Gipuzkoa para ejercer derecho de aprovechamiento sobre los recursos mineros.

La sentencia condena en costas a la empresa a pagar 1.000 euros más el IVA. Asimismo, Azpikola 2004 S.L. indicaba ayer que ha presentado apelación contra esta sentencia.

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