Varios colectivos denuncian «las vulneraciones de derechos que se viven en las fronteras»

La Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y KOOP SF 34 han denunciado «las vulneraciones de derechos que se viven en las fronteras, y en especial en la del Bidasoa, donde continúan los controles discriminatorios basados en el perfilamiento racial y la criminalización de quienes defienden el derecho a la movilidad y la acogida digna». Representantes de colectivos como Irungo Harrera Sarea, Kaleko Afari Solidarioak, Caminando Fronteras, Asociación Hahatay y Amher han hecho pública esta denuncia en el marco del encuentro 'Rompiendo Fronteras. Derecho a la movilidad y acogida digna' que se ha celebrado en la tarde de este miércoles en el Espacio Palmera Montero de Irun.

Antes, los convocantes han ofrecido una rueda de prensa en la plaza San Juan, en la que han señalado que «al igual que el resto de rutas migratorias, la de Irun tampoco es una ruta fácil». Han afirmado que la presencia policial «junto con la aplicación de políticas migratorias restrictivas, empujan a las personas migrantes en tránsito a recurrir a rutas alternativas cada vez más peligrosas para intentar cruzar las fronteras». Han recordado que, en el caso de la muga de Irun, desde abril de 2021 «diez personas han muerto intentando cruzarla», siete de ellas ahogadas en el río Bidasoa y tres en Ziburu, «arrolladas por un tren».

Durante el encuentro que han mantenido en Palmera Montero, los participantes han analizado «las consecuencias de las políticas migratorias europeas en los países de origen, tránsito y destino, y reflexionar colectivamente sobre nuestro papel como sociedad de acogida, desde una mirada comprometida con los derechos humanos y la justicia social». También han reafirmado «nuestro compromiso con la defensa del derecho a la movilidad y de una acogida digna como derechos humanos fundamentales. Lo que sucede en las fronteras europeas y también aquí, en el Bidasoa, no son hecho aislados. Son la expresión de un modelo de control y desigualdad que pone en riesgo vidas y niega derechos».