Un registro en Irun y otras localidades permite desarticular una red de explotación sexual

La investigación se inició en 2024, al detectarse una organización criminal que captaba y trasladaba mujeres desde Sudamérica para su posterior explotación sexual. Una de las víctimas fue reclutada en Latinoamérica por una estructura paramilitar, trasladada posteriormente a varios países asiáticos y finalmente a España, donde continuó siendo explotada en distintas provincias.

El trabajo conjunto de la Unidad de Policía Judicial de Zona de Cataluña y el Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra permitió identificar a los integrantes del entramado, establecer su estructura jerárquica y localizar a sus principales responsables, una pareja de nacionalidad española y colombiana que residía en Portugal, desde donde presuntamente se dirigía la explotación de las víctimas en España.

La operación contó con la colaboración de la Policía Judiciaria de Portugal, que resultó determinante para la localización y detención de los líderes en la región de Faro. Durante la fase de explotación, desarrollada el 7 de octubre, se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en Irun, Tudela, Lleida y Faro, que culminaron con la detención de tres personas.

De las tres personas detenidas, dos de ellas -la pareja- fueron detenidas en Portugal, y una, con funciones de traslado y posterior control de las víctimas, fue detenida en Lleida.

En los registros se liberó a ocho mujeres de distintas nacionalidades sudamericanas, consideradas potenciales víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que recibieron atención y asistencia especializada conforme a los protocolos garantizando su protección. En los registros, además, se intervinieron 3.800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, munición y marihuana.

En el domicilio portugués, donde se detuvo a los principales responsables, las autoridades lusas les atribuyeron además los delitos de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, de acuerdo con la legislación portuguesa.

Por su alcance transnacional, la investigación ha requerido actuaciones coordinadas en España y Portugal, donde se ha detenido a los presuntos responsables, y ha permitido liberar a ocho víctimas captadas fuera de la Unión Europea y explotadas en territorio español.