Colaboración y motivación para el cambio

Alberto Elejalde, trabajador social, explicó el protocolo que se sigue cuando se detecta un posible caso de desprotección de menores. Este procedimiento viene marcado por «la Ley de protección a la infancia y la adolescencia». En primer lugar, los servicios sociales deben recibir «una notificación». «Una vez tenemos conocimiento de que algo está pasando, nos ponemos en contacto con las personas responsables del menor, padres, madres o tutores legales», aseguró. A ellos se les traslada «lo que se nos ha contado y contrastamos esa información». Los trabajadores sociales valoran «cuál es la respuesta de los responsables ante conductas que pudieran ser inadecuadas y qué daño emocional podrían acarrear a los menores». También se recaba información «con todas aquellas personas que están alrededor del menor: la familia extensa, centros educativos, personal sanitario...». Una vez se ha realizado lo que llaman «fase de investigación», se traslada a la familia lo que se ha detectado. Si el nivel de desprotección detectado es leve o moderado, se hacen cargo los servicios municipales; si es grave, se deriva a los servicios especializados de la Diputación. «Si percibimos que hay una necesidad de intervención, y siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y su bienestar, ponemos en marcha una serie de recursos y programas de intervención familiar». Se pueden desarrollar a tres niveles: terapéutico, educativo o psicoeducativo. «Es muy importante la colaboración de la familia, qué conciencia tiene del problema y su motivación para el cambio», señaló Alberto Elejalde.