SPI, PNV y Bildu piden a Santano que presente en mayo una modificación del presupuesto de 4,5 millones

I. M. IRUN.

La actual Corporación aún tendrá que reunirse al menos un par de veces más, pero probablemente tuvo ayer, en la práctica, su último pleno. Resta un sorteo de mesas electorales y una sesión, la ordinaria de mayo, que será ya en funciones tras los comicios municipales del día 26.

El de ayer fue el último pleno que podría haber sido de gestión, pero no gestionó mucho. Hubo dos dictámenes aprobados: se declaró desierto el contrato de suministro y mantenimiento de equipos multifunción y se dio aprobación definitiva a un Plan Especial que afecta a una parcela de la calle Jacobo Arbelaitz en la que se pueden construir hasta cuatro viviendas con una ocupación de superficie máxima de unos 210 m2. Eso fue todo. Se aprobaron ambas. No hubo debate, solo una intervención de Muriel Larrea (PP).

Modificar el presupuesto

Una vez más, fueron las mociones de los grupos políticos las que dieron que hablar ayer. Las mociones son un mandato político del pleno que no tienen carácter ejecutivo; no son más ni menos.

EAJ-PNV, como ya había anunciado, presentó una para exigir que el alcalde «inicie las negociaciones para llevar al pleno de mayo una modificación de crédito» de en torno a 4,5 millones de euros para que se incorporen al gasto municipal los remanentes económicos de 2018. Tras la sesión, José Antonio Santano explicó que la liquidación «se firmó el 30 de marzo y se llevó a la siguiente Comisión de Hacienda para darlo a conocer a los grupos. Luego vino la Semana Santa y no ha habido tiempo de hacerla pública».

Sí se Puede Irun y EH Bildu la apoyaron sumando mayoría suficiente para su aprobación. Juana de Bengoechea (PP) adelantó que su grupo no lo haría porque «aunque lo deseable es tener presupuesto, aprobar esa modificación ahora sería atar las manos de la Corporación que se formará tras las elecciones, que son dentro de un mes. Aparte de que en el pleno de mayo, esta Corporación estará en funciones y no puede hacer una modificación de crédito como esa». El portavoz del PNV, Xabier Iridoy, alegó entonces que «no hay por qué esperar al pleno de mayo, se puede convocar uno extraordinario antes. Hay tiempo para negociar y llegar a un acuerdo antes de las elecciones». Calculó que entre no haber aprobado el presupuesto y no sacar adelante esta modificación, el Gobierno «tiene 11 millones de euros metidos en un cajón». Jokin Melida (EH Bildu) lamentó «la parálisis» y sus «efectos en la ciudadanía», alertó de que «esta estrategia política dará los resultados que dé, pero no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, de los clubes, las AA VV, los comerciantes...» y pidió «un pleno extraordinario». David Soto (SPI) esgrimió que «en 2015 la Corporación en funciones, dos días después de las elecciones, aprobó una modificación de créditos de 200.000 euros. La diferencia entre entonces y ahora son las mayorías en el pleno».

El Gobierno no entró al debate ni durante ni después de la sesión. En su comparecencia posterior, el alcalde sólo indicó que «una Corporación en funciones no puede hacer esa modificación de crédito, no tiene capacidad. Y la moción no hablaba de un pleno extraordinario, sino del pleno de mayo». Respecto a la información que dio Soto sobre lo ocurrido en 2015 aclaró que «fue una modificación de urgencia para incorporar 197.000 euros para ayudas de Emergencia Social porque la partida del Gobierno Vasco se había acabado. Y todos los grupos votaron a favor. La alternativa era no poder aprobar ayudas hasta constituir el nuevo Ayuntamiento. No lo hemos explicado en el pleno porque no teníamos el dato en ese momento».