Bienestar Social atendió a 221 familias por casos de desprotección infantil

Mila Holgado, Sergio Corchón, Alberto Elejalde y Beatriz Elizalde. / F. DE LA HERA
Mila Holgado, Sergio Corchón, Alberto Elejalde y Beatriz Elizalde. / F. DE LA HERA

73 de las familias, con un total de 125 menores en situación de desprotección leve o moderada, aceptaron participar en el programa de intervención

JOANA OCHOTECO IRUN.

El Área de Bienestar Social ha hecho balance de los datos de 2018 referidos a casos de desprotección de menores y de apoyo a sus familias. El departamento municipal atendió el año pasado 221 familias por situaciones enmarcadas en este ámbito. El delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, explicó que este servicio de Atención Primaria está dirigido a «atender y apoyar a las familias en casos de desprotección de menores».

Hace unos años, al aumentar la plantilla de trabajadores sociales, el Área de Bienestar Social reforzó «este ámbito de atención a los menores que presentan algún indicador de desprotección». Cuatro trabajadores sociales se dedican en exclusiva a este servicio. Sergio Corchón destacó la importancia de «la coordinación y el trabajo preventivo», así como de actuar «de forma inmediata». «Este ámbito tiene unos requisitos y procedimientos específicos», añadió Mila Holgado, responsable de Atención Primaria, por lo que contar con unos trabajadores sociales dedicados exclusivamente al mismo es una medida que el departamento valora como «muy positiva».

Esas 221 familias que atendió el servicio el año pasado tenían menores a su cargo que «presentaban algún indicador de riesgo o desprotección que requería de nuestra intervención», explicó Mila Holgado. La tipología de familias atendidas «es muy variada. No podemos pensar que nos referimos a un tipo de familia concreto, sino que tienen muy diferentes características, condiciones económicas o laborales».

102 de los casos fueron valorados como de gravedad elevada y se derivaron a Diputación

Cuando se valora que la situación tiene «una gravedad elevada», el caso se deriva «a la Diputación de Gipuzkoa y sus servicios especializados». En 2018, 102 de los casos se trasladaron al ente foral «para que activase sus mecanismos de apoyo y protección». En 46 de los casos, la Diputación «puso en marcha una medida legal de protección» declarando una situación «de desamparo».

Detección temprana

Por otra parte, el programa de intervención familiar del Área de Bienestar sSocial atendió a 73 familias con 125 menores que presentaban una situación de desprotección leve o moderada. Los trabajadores sociales facilitaron a esas familias recursos, como apoyo psicológico y educativo, que les ayudasen a paliar o eliminar las dificultades que pudieran tener como padres o madres en la atención de sus hijos.

El Área de Bienestar Social tiene suscritos dos protocolos con el departamento de Educación y con Osakidetza para trabajar en la «detección y la atención a este tipo de situaciones», señaló Sergio Corchón. En el caso del protocolo con los servicios sanitarios, «funciona para toda la Comunidad Autónoma Vasca, pero hicimos una labor de reflexión porque pensábamos que era necesario pulirlo y trabajarlo un poco mejor en nuestra ciudad», explicó Mila Holgado. Para ello, Bienestar Social se reunió con los centros sanitarios. Hay que tener en cuenta «que los profesionales del ámbito de la salud no son expertos en materia de desprotección», si bien «tienen elementos para poder detectar ciertos indicadores que son de una gran relevancia».

La trabajadora social Beatriz Elizalde explicó que también se han realizado encuentros con los centros escolares «para establecer canales de comunicación, resolver dudas, plantear mejoras o pautas de coordinación». Los centros escolares «tienen un contacto directo y diario con los menores y sus familias», por lo que la información que puedan aportar en posibles casos de desprotección «es muy valiosa», señaló Elizalde. Además de con los de la ciudad, también se mantiene la colaboración con centros escolares de fuera del municipio a los que puedan acudir menores de Irun.

También se realiza un trabajo conjunto con los servicios policiales, que el año pasado realizaron «39 notificaciones en las que nos hacían llegar casos en los que habían observado algún indicador» que requería de la intervención de los servicios sociales.

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