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Baztan Bortziriak

Visto para sentencia el juicio contra los siete baztandarras por el caso Aroztegia

A. D. C.

baztan.

Viernes, 23 de mayo 2025, 20:30

El juicio contra los siete baztandarras por el caso Aroztegia quedó ayer visto para sentencia. Fiscalía y acusación particular mantienen su petición de condena contra los siete encausados, para los que reclaman 34 meses de prisión por los delitos de coacciones y de grupo criminal. Las defensas reclaman la absolución.

Los primeros entienden que los acusados hicieron uso de la fuerza y la violencia para sabotear las obras de inicio del proyecto que contempla la construcción de un hotel de lujo, un campo de golf y 228 viviendas. La acusació particular además, destaca que la «intimidación» y el «grupo criminal» siguen existiendo a día de hoy.

Las defensas, que ejercen los abogados Josu Beaumont y Leire Martin, creen que se «está criminalizando un grupo social» y cuestionan las identificaciones a estas siete personas, basadas en que «habían participado o habían sido identificados en tres ocasiones cerca de las obras en los días en los que se produjeron altercados y sabotajes. Explicaban que en los juicios recientes a agricultores por sus protestas «nadie se ha planteado que se les pudiera acusar por grupo criminal, se les imputaba a personas concretas hechos delictivos concretos, cosa que aquí no ocurre».

Las acusaciones particulares no han reclamado responsabilidad civil, a la espera de poder hacerlo en el administrativo, por 43 millones de euros. Creen los acusados que el objetivo de los promotores es que los gobiernos español y navarro abonen esta cantidad con el argumento de que no enviaron los suficientes recursos policiales para garantizar la continuidad de las obras. Para ello necesitan una condena previa en el proceso penal desarrollado esta semana.

Beaumont recordaba que el Gobierno de Navarra «instó a la empresa a aplicar medidas de seguridad, a lo que hicieron caso omiso». Beaumont cree que «no se paralizó el proyecto, sino las obras durante menos de diez días», obras que eran ilegales, ya que el pliego de contratación estaba anulado. Esta circunstancia podía ser subsanada, pero comenzaron con las obras».

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