Expectación ante la comparecencia de la diputada foral de Infraestructuras

Detalle del fotomontaje de cómo quedará la curva de Ipitxarri. /
Detalle del fotomontaje de cómo quedará la curva de Ipitxarri.

Aintzane Oiarbide participa hoy, a las 19:00 horas en Zabiel, en una reunión abierta sobre la carretera entre Turruntei y Ondar Beltz

A. GORRITIBEREA MUTRIKU.

La anunciada reunión pública sobre el proyecto de mejora de la carretera GI-638 entre Turruntei y Ondar Beltz, a la que acudirán la diputada de infraestructuras viarias Aintzane Oiarbide y la directora de carreteras Silvia Pérez, y que se celebrará a partir de las 19:00 horas de la tarde en Zabiel, ha despertado el lógico interés entre el conjunto de la población y sobre todo entre los residentes del barrio Laranga. Desde el Ayuntamiento se informó sobre la reunión pública, incluso se colocaron sendos carteles informativos, pero sobre todo las redes sociales han jugado un papel esencial y más si cabe con el vídeo que han publicado desde el propio barrio afectado.

Hay que recordar que llamados por los afectados del barrio, se han celebrado dos reuniones informativas, de las que ha salido una comisión de afectados del conjunto del municipio que planteará diferentes puntos de mejora objetivas tanto de los servicios como del propio desarrollo de las obras.

Además, hay que considerar que la mejora del tramo BI-633 entre Markina-Xemein y Berriatua en el tramo de Plazakola, se prevé también para el próximo año, lo que supondrá un problema añadido no solamente para Mutriku sino también para la vecina localidad de Ondarroa.

Precisamente, el pasado 11 de octubre el Boletín Oficial del País Vasco publicó el decreto por el que se declara de urgente ocupación por la Diputación Foral de Gipuzkoa, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes afectados por el proyecto de ensanche y mejora de la GI-3230, entre los puntos kilométricos 1.200 a 1.800 con el fin de actuar sobre la única alternativa que le quedará al municipio para salir al corredor del Deba. Según se recoge en la ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco, corresponde al Gobierno Vasco, y más concretamente al departamento de Medio Ambiente, Planificación del Territorio y Vivienda, acordar la resolución con la que se agota la via administrativa, pero podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes.

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