La comisión asesora da la razón al Consistorio en la rescisión de Errebal

A juicio de esta Comisión, los argumentos que ofreció Dragados para justificar los incumplimientos en la obra «solo muestran una actitud evasiva y contradictoria que justifica la actuación del Ayuntamiento». Dichos argumentos, señala la Comisión, «dejan entrever cierta estrategia sobre la cual el legislador ha venido incidiendo para frenar el fraude en la contratación pública, y que ha consistido en que, una vez lograda la adjudicación con ofertas económicas de dudosa viabilidad, se lograra que, mediante modificaciones posteriores del contrato, este se convierta en económicamente viable para la empresa, en lo que se ha reconocido como un fraude a la licitación inicial de los contratos», según el dictamen de la Comisión que considera «razonables» los argumentos del Ayuntamiento para confirmar que el hecho «de no haber cumplido con los plazos no se debió a problemas de indefinición del proyecto sino a otras causas que se han de imputar al contratista». Y en ese sentido, la Comisión otorga «mayor credibilidad al relato de la dirección de obra (el Ayuntamiento), así como a la interpretación de ese relato que ofrece el mismo director».

En su justificación sobre el proceso que llevó a la rescisión, este organismo añade que «de haber tenido la empresa alguna intención de continuar con la obra habría contratado la cubierta de la plaza y su estructura de soporte y habría solicitado los planos restantes de la estructura con meses de antelación, sin esperar a la terminación del hormigonado de la estructura recogida en los planos entregados».

En definitiva, argumenta la Comisión, «la demora en el cumplimiento de los plazos parciales establecidos para ejecutar la estructura de la obra, incluida la estructura metálica, ha superado los tres meses y esa demora es, tal y como ha quedado acreditado por el Ayuntamiento, imputable al contratista quien, lejos de afrontar la cuestión tratando de recuperar el tiempo perdido, ha dirigido sus actos y trabajos hacia el abandono prematuro e injustificado de la obra».

En este sentido, dicha Comisión concluye que el Ayuntamiento puede proceder a resolver el contrato en base a la normativa vigente. Afirma que se producirá «la aplicación de los efectos previstos para casos como este, en los que el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista»; y, por tanto, Dragados «deberá indemnizar al Ayuntamiento los daños y perjuicios ocasionados». La indemnización se hará efectiva, añade, «en primer término, sobre la garantía -el aval que puso en su día la empresa- sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada», con lo que el Ayuntamiento «estudiará» solicitar indemnizaciones.

Conocida la resolución de la Comisión Jurídica Asesora, el concejal de Obras, Arcadio Benítez, mostró su satisfacción por el contenido del dictamen, porque «aunque estábamos plenamente convencidos de que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento era impecable que la Comisión nos haya dado la razón en todos y cada uno de nuestros argumentos nos reconforta». Según, los representantes municipales «tanto los miembros del equipo de Gobierno como los técnicos municipales directamente implicados en este proceso hemos actuado con responsabilidad y rigor, y en cada paso que hemos dado siempre ha estado presente la defensa que debemos hacer del interés general, aun sabiendo que esta decisión podría tener un coste político y personal». Benítez lamentó «que, aunque algunos grupos han actuado con ese ejercicio de responsabilidad, no hayamos visto en todos los grupos municipales esa misma actitud».

El dictamen favorable de la Comisión Jurídica da vía libre al Ayuntamiento de Eibar para iniciar a partir de ahora los trámites para llevar a cabo una nueva contratación de los trabajos pendientes de la obra de Errebal. Es decir, poner en marcha el procedimiento de contratación de la redacción del proyecto, ajustado de la obra restante, para poder después sacarlo a licitación y retomar la obra tan pronto como los plazos administrativos lo permitan.

Estas obras fueron adjudicadas a Dragados por la cantidad de 4.952.683 euros y un plazo de ejecución de 21 meses, cuando el presupuesto base de licitación alcanzaba los 6,8 millones. Los trabajos arrancaron el 1 de febrero de 2016 y debían concluir el 31 de julio de este año. Según los planes que baraja el Ayuntamiento están los de adjudicar las obras a una nueva constructora, «para final de año», de cara a poder finalizar el proyecto para finales del 2019.