Convenio para la ayuda a domicilio

Octogenarios. Sector en el que la incidencia es mayoritaria. Los críos se lo han pasado en grande en las colonias. /  AGUADO  AGUADO
Octogenarios. Sector en el que la incidencia es mayoritaria. Los críos se lo han pasado en grande en las colonias. / AGUADO AGUADO

Se ha estimado procedente formalizar un nuevo convenio de colaboración en el que se regula el sistema de financiación del servicio

FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU.

Recientemente el Pleno aprobó el Convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento para la financiación del Servicio de Ayuda a domicilio. La Ley del Parlamento Vasco 12/2008 de 5 de diciembre de servicios sociales ordena y estructura un sistema integrado de servicios sociales de responsabilidad pública, a fin de garantizar en el ámbito de la CAPV el derecho subjetivo de toda la ciudadanía a esos servicios.

En el art. 22, 1 de esa Ley se incluye el servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) dentro de los servicios de atención primaria, cuya provisión según lo dipuesto en el art. 42.4 es competencia de los Ayuntamientos.

Los consistorios del territorio histórico de Gipuzkoa han acordado en el seno de la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales la cofinanciación del SAD durante el periodo 2017-2019, por lo que se ha estimado procedente formalizar un nuevo convenio de colaboración en el que se regula el sistema de financiación del servicio. Fuentes municipales esplicaron que «el SAD es un servicio cuyo objeto es ofrecer atención de carácter social a familias o personas que tengan dificultades para valerse por sí mismas o mantener el núcleo familiar completo, con objeto de restablecer su bienestar físico, psíquico y/o social mediante un programa individualizado de carácter preventivo, asistencial y/o rehabilitador, contribuyendo a que puedan vivir en su hogar mientras sea posible».

Los anexos del convenio establecen los importes de la aportación foral para el SAD: 9.620.533 euros para 2018 y 8.192.461 euros para 2019, que se distribuirán mediante aportaciones trimestrales a los ayuntamientos. La cuantía de la tarifa máxima por hora del SAD es de 18,87 euros por hora en días laborables y 22,66 euros por hora en laborables y festivos. Si el precio fuera inferior a la tarifa máxima, se tomará como referencia el importe del precio por hora vigente en el Ayuntamiento a 1 de enero de 2018 y a 1 de enero de 2019.

El Consistorio debe adaptar el vigente Reglamento municipal regulador del SAD. El convenio aprobado recoge procedimientos de abono, las variables que se tendrán en cuenta para determinar la financiación del servicio, los periodos de liquidación, el sistema de información, la constitución de una eventual comisión de seguimiento, etc.

Entrará en vigor el día de su firma, y que será vigente hasta el 30 de septiembre de 2019. Se entenderá tácitamente prorrogado a su finalización por periodos de un año natural, siempre que exista la consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

Aprobación inicial

El actual reglamento se aprobó en noviembre de 2005 y se publicó en el BOG el 21 de enero de 2006. Este reglamento requiere una adaptación a los importantes cambios legislativos que se han producido en los últimos años.

Además de dichos cambios normativos, también se ha dado una evolución en la realidad social. El aumento demográfico progresivo de las personas mayores se ha producido por el incremento de la esperanza de vida y por la modificación de la pirámide de edad en nuestra sociedad.

A tales efectos, este reglamento recoge los acuerdos que los ayuntamientos de Gipuzkoa han acordado en el seno de la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales, en aspectos que se entienden como mejoras.

Buscan establecer la aportación económica máxima de la persona usuaria en 15 euros la hora de servicio en días laborables; ampliar el calendario de atención a todo el año; ampliar la intensidad horaria máxima a 4 horas; establecer una modalidad de acceso urgente; establecer otras modalidades del Servicio como la supervisión nocturna, el respiro de los cuidadores familiares, o el acompañamiento social; y ampliar la cobertura a colectivos que no sean el de las personas mayores, como gente con enfermedades mentales o personas con discapacidad.

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