Diario Vasco

San Sebastián, 14 jun (EFE).- Las trabajadoras de la limpieza de comisarías y juzgados de Gipuzkoa, que llevan en huelga nueve meses, han decidido dar nuevos pasos en las movilizaciones ante el bloqueo de las negociaciones y llevarán a cabo una acampada en San Sebastián entre el 17 y el 19 junio.

Representantes de los sindicatos ELA, ESK y LAB han hecho el anuncio este viernes en una rueda de prensa en la que ha explicado que la acampada se realizará en el Boulevard de la capital guipuzcoana y contará con la presencia de una representante de las "kellys".

Las portavoces de ELA Mirari Irure, en euskera, y Mariluz Gutiérrez, en castellano, han leído un comunicado en el que han explicado que el objetivo de la iniciativa es dar a conocer la situación de este colectivo, que engloba unas 80 limpiadoras.

Las trabajadoras iniciaron el pasado 19 de septiembre una huelga contra la brecha salarial que, según denuncian, padecen frente al sector masculino de la limpieza viaria que calculan en un 7 % en los juzgados y en un 13 % en las comisarías.

Irure ha puntualizado que en las últimas semanas no ha habido avances en las negociaciones y ha acusado a los departamentos de Justicia e Interior del Gobierno Vasco, responsables del servicio, de "no haberse reunido con las trabajadoras para escuchar sus peticiones", al tiempo que ha achacado a la empresa, Garbialdi, no haber puesto en marcha una "negociación seria".

Las empleadas renunciaron en un primer momento a acabar con la brecha salarial en este convenio siempre que se asegurara en el siguiente y, hace "tres semanas", aceptaron que si se eliminaba el 70 % de la diferencia de sueldo firmarían el acuerdo, ha explicado Irure.

Sin embargo, la firma no ha sido posible porque Garbialdi "no quiere reconocer que las empleadas se exponen a riesgo alguno mientras trabajan", algo que, a juicio de la representante de ELA, queda reconocido en los decretos de servicios extraordinarios de limpieza elaborados por el Gobierno Vasco.

Ante la falta de acuerdo, la parte sindical propuso "sacar" este asunto de la negociación y llevarlo a los tribunales, señala el comunicado, que indica que "si en este punto se aplicara lo que piden las trabajadoras supondría una subida en entre el 20 y el 25 % por el tiempo que están expuestas al riesgo".

Ante esta situación, han criticado que en una subcontrata pública un "tema de salud sea la excusa para no cerrar un acuerdo, más cuando la parte social está dispuesta a acatar lo que diga una sentencia".

El representante de ESK Félix Irizar calificado de "desconcertante" la actitud del Gobierno Vasco que está "muy alejada" de las palabras del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que aseguró al presentar las líneas de los próximos presupuestos de la CAV que uno de sus objetivos es eliminar la brecha salarial.