Diario Vasco

San Sebastián, 22 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la validez del acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián que aprobó el convenio urbanístico para la ampliación del centro comercial Garbera.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Federación Mercantil de Gipuzkoa contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián el 27 de noviembre de 2017.

El gobierno municipal donostiarra, integrado por PNV-PSE aprobó el 16 de febrero de 2016 el convenio sobre Garbera que, según explicaron entonces el alcalde, Eneko Goia, y el concejal de Comercio e Impulso Económico, Ernesto Gasco, prevé ampliar en 25.000 metros cuadrados su superficie actual y aumentar los aparcamientos en tres plantas, así como el pago al Ayuntamiento de casi 10 millones de euros, dos de ellos destinados a adecuar los nuevos accesos.

Unos meses más tarde, el presidente de la Federación Mercantil, Iñaki Martínez, anunció la interposición de un recurso en una rueda de prensa en la que aseguró que esta ampliación era "ilegal" y suponía "un urbanismo a la carta" para los intereses de los promotores.

En su comparecencia, Martínez rechazó que los propietarios de los terrenos de Garbera, el consorcio Unibail Rodamco, hubieran firmado con el consistorio "la obtención de una licencia urbanística" que les autorizaba "a construir el doble" a cambio "de una gratificación económica".

La sentencia del TSJPV asume todos los argumentos del fallo de 2017 al considerar que la Junta de Gobierno local sí tiene potestad para aprobar este convenio y no tiene por qué hacerlo el Pleno del Ayuntamiento, como argumentaba la parte recurrente.

También rechaza que no exista interés público en el convenio aprobado, ya que recuerda que "quienes mejor representan los intereses públicos son los órganos democráticamente elegidos" y, en este caso, "no existe ninguna razón para presuponer que actúan al margen de los intereses públicos o directamente, en contra del interés público, para favorecer el interés privado".

La sala considera que "tampoco existe ninguna dato que permita concluir que la finalidad del convenio urbanístico sea la de conseguir financiación municipal", ni existe "prueba alguna que permita concluir que el Ayuntamiento ha incurrido en desviación de poder al suscribir el convenio urbanístico".

"Las razones o motivos que se exponen en el convenio no son arbitrarias ni ilógicas ni irracionales", abunda la sentencia.

La resolución desestima el recurso de apelación e impone a la Federación Mercantil el pago de las costas por un importe de 3.000 euros como máximo, a razón de 1.500 euros por cada parte apelada, el Ayuntamiento y la sociedad Unibail Rodamco, promotora de Garbera.