Diario Vasco

San Sebastián, 14 mar (EFE).- Cuatro exediles de Gaztelu, dos de ellos antiguos alcaldes, el secretario de esta localidad guipuzcoana y un constructor, también excaldalde, han sido absueltos por la Audiencia de Gipuzkoa de las acusaciones de prevaricación y malversación vinculadas a una operación urbanística.

La Audiencia de Gipuzkoa ha considerado, en una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, que los exconcejales Patxi Iturriaga, Mikel Belloso -ambos exalcaldes- Yoana Méndez y Aitziber Barandiaran, todos ellos de Bildu, junto con el secretario municipal, Xabier Otaegi, y el constructor Juan José Otegi, también antiguo primer edil, no cometieron los delitos de los que les acusaba la plataforma independiente Udaberri Taldea.

En el caso de Otaegi, la acusación particular consideraba que había cometido asimismo un delito de falsedad documental, además de los ya citados de prevaricación y malversación, por lo que solicitaba una pena de 12 años de prisión.

Para el resto de acusados, Udaberri Taldea pedía que fueron condenados a seis años de cárcel y diez de inhabilitación.

Belloso, beneficiario de una de las viviendas, fue denunciado en 2012, cuando era alcalde en ejercicio de Gaztelu, junto con los otros tres concejales de Bildu del pueblo, por la plataforma independiente Udaberri Taldea.

Este grupo sostenía que el Ayuntamiento vendió a la empresa constructora de Juan José Otegi por 54.000 euros una parcela en la zona de Erbian Erreka para desarrollar la citada operación urbanística cuando, en su opinión, la cantidad debería ser superior a los 100.000 al tener que repercutirse al comprador los gastos de urbanización del solar que había asumido previamente el consistorio.

La acusación entendía que se había ofrecido un trato de favor a Belloso por parte del Ayuntamiento, que se convirtió en alcalde del municipio tras solicitar la vivienda y no participó, según establece la sentencia, en la tramitación del expediente ni formuló instrucciones a los técnicos relativas a este procedimiento.

Ni durante la instrucción del procedimiento ni durante la vista oral la Fiscalía formuló acusación contra los ediles, el secretario y el constructor, al no observar la comisión de delitos, un criterio que ha sido asumido por la Audiencia, que ha absuelto a los procesados de todos los delitos.

La sentencia destaca que Belloso llegó a un acuerdo para pagar sin intereses a la empresa promotora de la vivienda una parte del precio de compra, un aspecto que la Audiencia entiende que no se puede considerar un trato de favor del Ayuntamiento, sino que se explica por la existencia de "un pacto contractual desarrollado al margen de su actuación (la de Belloso) como alcalde".

No existe ninguna resolución del Ayuntamiento relacionada con este asunto concreto, por lo que "no puede existir prevaricación", señala la sentencia.

La Audiencia establece asimismo que la adjudicación de la parcela se realizó de forma legal y a un precio adecuado para que la constructora pudiera obtener un beneficio razonable y sostiene que si la promotora hubiera tenido que asumir los gastos de urbanización, la operación habría sido económicamente inviable.