Diario Vasco

San Sebastián, 15 jun (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián ha absuelto de un delito contra la salud pública al presidente de una asociación de consumidores de cannabis de Andoain (Gipuzkoa) al entender que el acusado actuaba "con plena conciencia de estar desarrollando su actividad dentro de los márgenes legales".

En la sentencia del caso, el magistrado Santiago Romero Buck-Ardstad, considera que en este caso "concurren razones más que justificadas para concluir" que el imputado creía actuar dentro de la legalidad, pues su colectivo "había obtenido el registro público" con unos estatutos que "claramente indicaban cuáles eran sus objetivos".

La resolución, a la que hoy ha tenido acceso EFE, señala además que el citado club, que disponía de una plantación de marihuana en Hernani (Gipuzkoa), había desarrollado algunas actividades "conjuntamente" con el Ayuntamiento, en el contexto de un "clima, a nivel autonómico, legalmente propicio para el desarrollo de este tipo de clubes".

El texto judicial recuerda asimismo que existen "jurisprudencia y votos particulares de los mismísimos magistrados del Tribunal Supremo que consideran que en algunos casos es posible no sólo apreciar el error de prohibición invencible, sino también que el cultivo compartido es atípico" cuando concurren algunos requisitos.

El escrito recuerda, en este sentido, que el citado colectivo fue creado el 10 de agosto de 2011, "al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley del Parlamento Vasco 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi".

Precisa además que, entre sus objetivos, se encontraban "el estudio sobre el cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas"; facilitar a los usuarios del cannabis el consumo "responsable, controlado y legal" siempre "con carácter individualizado y personal"; evitar el "peligro para la salud" de sus usuarios "inherente al mercado ilegal", y "desarrollar y concretar el proyecto de uso compartido, teniendo como máxima cumplir lo establecido en los presupuestos emanados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Asimismo, era "requisito indispensable ser mayor de 21 años, abonar una cuota de entrada de 50 euros y hacer una declaración responsable de ser consumidor de cannabis, distinguiendo entre socios honorarios, activos colaboradores, usuarios lúdicos y usuarios terapéuticos".

Los estatutos del club dejaban además claro que estaba "terminantemente prohibido consumir cualquier droga que no fuera el cannabis dentro del recinto de la asociación" y la "venta de cualquier sustancia ilegal".

A pesar de ello, el 2 de septiembre de 2015, agentes de la Ertzaintza acudieron al terreno rural explotado por la citada asociación, donde se incautaron de 174 plantas de marihuana en distintos estados de desarrollo, valoradas en su conjunto en un total de 34.891 euros y que estaban "destinadas exclusivamente al autoconsumo de los miembros" del colectivo que hacían "una previsión anual individualizada del consumo de cada socio".

Con este fin, la asociación "enviaba a un perito agrónomo" a la plantación que "hacía una previsión del cultivo", mientras que cada miembro del colectivo "tenía que firmar en un libro e indicar su nombre, la fecha y la cantidad que se llevaba, estableciéndose un régimen disciplinario por el que, en caso de incumplimiento, un socio podía ser expulsado".

Finalmente, la resolución judicial, insiste en el hecho de que el presidente del club ahora absuelto actuó en el desempeño de sus funciones "pensando que tanto la asociación, su actividad y su cargo eran lícitos conforme a derecho".