Diario Vasco

Altamira , 1 ago .- El consorcio Norte Energía, responsable de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonía brasileña, pidió este jueves que no la culpen de la última masacre carcelaria con más de 50 muertos ocurrida en la cercana ciudad de Altamira.

La compañía respondió así a ONG y movimientos vecinales de Altamira, que han denunciado los últimos años un aumento de la violencia en la región por la construcción de la presa de Belo Monte.

"La empresa rechaza con vehemencia cualquier intención de atribuir la responsabilidad a Belo Monte, la mayor hidroeléctrica totalmente brasileña, por problemas de orden coyuntural", señaló en un comunicado.

La presa, que empezó a ser construida en 2011 sobre el río amazónico de Xingú y a operar parcialmente en 2016, se encuentra a unos 60 kilómetros de Altamira, en cuya cárcel se registró el lunes una de las peores matanzas en la historia del sistema penitenciario brasileño.

La tragedia se produjo el lunes a raíz de una pelea entre dos facciones criminales rivales, en el interior del Centro de Recuperación Regional de Altamira, con un total de 58 presos muertos, de los que 16 fueron decapitados.

Al día siguiente, cuatro presos que participaron en el sangriento ataque fueron asesinados por asfixia en un furgón penitenciario con otros 26 reclusos durante su transferencia a otro penal de la región.

Altamira, en el estado de Pará, en el norte de Brasil, llegó a ser la ciudad más violenta del país, según un informe con datos oficiales de 2015.

La empresa afirmó que "está a disposición" de las autoridades para "prestar informaciones a la sociedad brasileña sobre los beneficios generados" a partir de la construcción de Belo Monte, entre ellos los trabajos realizados por el "control de la malaria, la evolución de la calidad de vida de las familias que salieron de palafitos para residir en casas construidas en barrios con pavimentación asfalta, saneamiento básico, escuelas, unidades de saluda y áreas de ocio".

La construcción de Belo Monte estuvo marcada en su día por las fuertes protestas de ambientalistas, pescadores e indígenas y después se abrió una investigación por la policía en el marco de una trama corrupta que supuestamente pagó sobornos a políticos a cambio del aval para su concesión.