Diario Vasco

Madrid, 1 ago (EFE).- El Gobierno del Líbano está "empujando" a los refugiados sirios fuera del país con medidas como el desmantelamiento de sus asentamientos irregulares y una nueva legislación para combatir el trabajo ilegal de los extranjeros, denunció hoy la ONG Acción contra el Hambre.

En una rueda de prensa en Madrid, la organización aseguró que el Alto Comité de Defensa libanés ha desmantelado cerca de 1.250 de 2.500 construcciones donde viven cientos de familias sirias en Arsal, en el este del país, con el argumento de que no tienen permisos de edificación.

"Es una medida que se supone afecta a todo el país, entonces a todos los asentamientos informales de los sirios, aunque todavía no se sabe por dónde, después de Arsal, estarán las Fuerzas Armadas enfocando el trabajo y empujando un poco a que se lleve a cabo ese desmantelamiento", comentó Chiara Saccardi, responsable regional de Acción contra el Hambre para Oriente Medio.

La activista explicó que el Gobierno libanés padece "agotamiento" porque es la nación con más refugiados per cápita del mundo, ya que se calcula que hay 1,5 millones de sirios en el país, lo que significa que alrededor de uno de cada cuatro habitantes procede de Siria, que vive un conflicto armado desde hace ocho años.

El Líbano, añadió Saccardi, no firmó la Convención de los Refugiados de la ONU y no cuenta con ningún campamento oficial para acogerlos, así que el desmantelamiento de sus hogares obliga a los sirios a desplazarse a otras zonas del país.

La ONG estima que hay entre 2.000 y 3.000 que han regresado a Siria, aunque las condiciones allí no han mejorado.

"Es una preocupación ulterior porque parece ser una medida que hace que los refugiados no tengan capacidad de encontrar medios que les permitan vivir de manera suficientemente decente dentro del contexto libanés y entonces, de alguna manera, haya algún empuje para que vuelvan a Siria", explicó Saccardi.

La denuncia de Acción contra el Hambre se suma a la de Human Rights Watch (HRW), que el mes pasado aseguró que el Ejército libanés había demolido al menos 20 hogares de refugiados sirios, lo que esta organización de derechos humanos calificó como "medida coercitiva" para que vuelvan a su país.

Además, Saccardi advirtió de que el Gobierno libanés ha puesto en marcha una ley que endurece la persecución de los extranjeros que trabajan de forma ilegal, lo que afecta de manera desproporcionada a los sirios empleados en el campo, la construcción y el medio ambiente.

Acción contra el Hambre pidió a España y al resto de la Unión Europea incrementar la presión diplomática sobre el Líbano y medidas para la reubicación de los refugiados, como acoger un número mayor de ellos en Europa y destinar fondos internacionales para mejorar su situación en aquel país.