Diario Vasco

Sao Paulo, 1 ago (EFE).- La Fiscalía brasileña denunció este jueves a un excomisario del Departamento de Orden Público y Social (DOPS), que actuó durante la dictadura militar brasileña (1964-1985), por ocultar e incinerar doce cadáveres durante el régimen.

Entre los cuerpos incinerados por Cláudio Antonio Guerra estaría, según la Fiscalía, el de Fernando Santa Cruz, padre del presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

La causas de la muerte de este militante de izquierdas fueron cuestionadas esta semana por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que en numerosas ocasiones ha expresado su nostalgia por la dictadura militar.

"Si el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el periodo militar, yo se lo cuento", afirmó el jefe de Estado.

Posteriormente, Bolsonaro contradijo la versión de la Comisión de la Verdad, instaurada para investigar los crímenes de la dictadura, y contó en una transmisión en directo por redes sociales, mientras se cortaba el pelo, que Fernando Santa Cruz había sido asesinado por miembros de una facción de la organización política de izquierdas Acción Popular (AP).

No obstante, la Fiscalía recalcó que Fernando Santa Cruz estaría entre los doce cuerpos que fueron incinerados entre 1973 y 1975 por el excomisario Guerra, de 79 años, en los hornos de la planta de Cambahyba, en el municipio de Campos dos Goytacazes, en el estado de Río de Janeiro.

Guerra es considerado el "autor intelectual y participante directo en la ocultación y destrucción de por lo menos doce personas", subrayó el fiscal de la República Guilherme Garcia Virgílio, autor de la denuncia.

Los responsables de torturas, secuestros y otros delitos durante la dictadura están amparados por una amplia amnistía dictada por el propio régimen en 1979, que benefició a los militares y también a los guerrilleros y cuya "constitucionalidad" fue ratificada por la Corte Suprema hace cuatro años.

No obstante, la Fiscalía argumenta que los actos cometidos por el excomisario del DOPS no pueden ser encuadrados en la ley de amnistía, "dado que la referida ley trata de delitos con motivación política".

"La destrucción de cadáveres no puede ser admitida como delito de naturaleza política o conexo a este", matiza la institución.

La denuncia se conoce el mismo día en el que Bolsonaro decidió cambiar a cuatro de los siete miembros que integran la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (Cemdp) durante la dictadura militar con el objetivo de darle un giro a la derecha.

"El motivo es que cambió el presidente, ahora es Jair Bolsonaro, de derechas. Punto final. Cuando ellos (en alusión a los gobiernos del progresista Partido de los Trabajadores, 2003-2016) colocaban terroristas allí, nadie hablaba nada", manifestó el gobernante a los periodistas para explicar su decisión.