Diario Vasco

Madrid, 14 jul (EFECOM).- La Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y la Metalurgia (Confedem) pedirá al futuro Gobierno que actualice el listado de materias primas minerales prioritarias para España, ya que no incluye algunas ahora fundamentales para la fabricación de todo tipo de aparatos electrónicos.

El listado actual, recogido en un real decreto aprobado en 2002, deja fuera minerales considerados ahora estratégicos (por ser necesarios y escasos) y que se pueden encontrar en España, como el litio, el cobalto, el vanadio o las tierras raras, ha explicado a Efe el director general de Confedem, Vicente Gutiérrez Peinador.

"Antes de la guerra comercial entre EE.UU. y China, las tierras raras eran críticas, pero ahora, uno o dos años después, son hipercríticas (...) porque sin ellas no hay móviles, coches eléctricos, aerogeneradores o placas solares", asegura Gutiérrez Peinador, que recuerda que el 95 % de esas materias las suministra el gigante asiático al resto del mundo.

España está en una zona "mineralmente muy rica", según el responsable de la patronal minera, y también tiene mucho wolframio, tántalo, cobalto o litio, todos ellos considerados críticos por la Unión Europea, así que "lo que hace falta ahora es que el Gobierno brinde el apoyo suficiente" para que se puedan extraer esos materiales.

La inclusión de esos minerales en la lista de materias primas prioritarias es fundamental para su explotación, ya que permite a las empresas mineras que los extraen acceder a beneficios fiscales en el impuesto de sociedades.

El listado incluye ahora minerales como el zinc, el estaño, la fluorita, las potasas, el uranio, el cobre, el hierro, el níquel, el plomo y el wolframio.

No es ésta la única petición del sector minero. Confedem y Cominroc (Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales) han consensuado una revisión de la Ley de Minas, que data de 1973 y que, "aunque no es mala, hay que actualizar", porque entre otros motivos no recoge los cambios derivados de la transferencia de competencias a las autonomías.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a los recursos y hacer más homogénea la legislación.

En la actualidad, la duración de los trámites varía sustancialmente en función de la comunidad autónoma.