Diario Vasco

Madrid, 19 jun (EFE).- Luis Bárcenas y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal declaran mañana como testigos en el juicio por el borrado de los ordenadores del extesorero, causa en la que están acusados el partido y tres de sus empleados.

Fue Cospedal quien dijo en 2013 en la Audiencia Nacional que los ordenadores en los que Bárcenas sostenía que guardaba información sobre la presunta contabilidad B del PP estaban custodiados en la sede de Génova, pero cuando el juez quiso examinar su contenido se comprobó que los discos duros habían sido destruidos.

En el banquillo de los acusados se sientan el PP, su extesorera Carmen Navarro, el que era responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán, y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática. Se les acusa de daños informáticos y encubrimiento.

La vista oral de esta causa comenzó la semana pasada en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid con las cuestiones previas, en las que el PP intentó sin éxito librarse del juicio aplicando la doctrina Botín, ya que sólo hay acusaciones populares -ejercidas por IU y otras asociaciones-. La Fiscalía no ve delitos y Bárcenas retiró su denuncia.

Además de María Dolores de Cospedal y Bárcenas, mañana están citados como testigos el cuñado del extesorero y exjefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, y su secretaria durante casi dos décadas, Estrella Domínguez, y se espera también la declaración de los acusados.

En su declaración ante la jueza de instrucción del caso, Bárcenas detalló de memoria, sin aportar documentación que lo refrendara, los archivos que figuraban en los discos duros destruidos, con información sobre donantes del PP, campañas financiadas con la supuesta caja B y pagos a empleados el partido.

El extesorero, que mañana será trasladado al juzgado desde la prisión de Soto del Real en la que cumple su condena de 33 años por el caso Gürtel, apuntó a Cospedal como responsable de dar la orden de borrar sus ordenadores.

El PP alegó que había destruido los discos duros en aplicación de la Ley de Protección de Datos cuando Bárcenas abandonó el partido y los tres empleados acusados sostuvieron que se siguió el protocolo habitual y que no había archivos en los ordenadores.

No habrá imágenes de las declaraciones de mañana, ya que el juez ha decidido no facilitar señal de televisión del juicio para evitar estigmatizar a los tres empleados.

La acusación popular, que mantiene vivo el caso, está ejercida por IU, la asociación Justicia y Libertad y la Federación Los Verdes; la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el Observatori Drets Humans.

Los tres primeros piden condenar al PP al pago de 11 millones de euros ante la "gravedad" del daño a los intereses generales y a sus empleados, a cuatro años y medio de prisión.