Diario Vasco

Madrid, 14 jun (EFE).- El Gobierno tan solo presentó en 2018 un recurso de inconstitucionalidad relacionado con el conflicto catalán, nada que ver con los 16 que interpuso el año anterior el Ejecutivo de Mariano Rajoy en pleno apogeo del "procés".

Son datos que figuran en la memoria anual de la institución de 2018 que su presidente Juan José González Rivas ha entregado este viernes al rey y que supone un giro en la actuación del Gobierno respecto a Cataluña en los últimos años, marcados por el alto número de recursos que cada ejercicio presentaba el Ejecutivo.

Los recursos de inconstitucionalidad han descendido notablemente al pasar de 47 en 2017 -31 por iniciativa del Gobierno- a 12 en 2018 -solo 4 impulsados por el Ejecutivo-, un escenario que se justifica en gran parte por Cataluña.

La aplicación del articulo 155 vigente hasta el 2 de junio de 2018, la moción de censura de Pedro Sánchez del 1 de junio que le convirtió en presidente del Gobierno y la parálisis normativa de la cámara catalana tras la llegada del president Quim Torra explican la ausencia de recursos contra leyes del Parlament, que contrasta con los 16 que interpuso Rajoy en 2017, en el punto álgido del "procés".

De hecho, el único recurso relacionado con el conflicto catalán, presentado cuando Rajoy aun estaba en La Moncloa, fue contra la ley de presidencia catalana que permitía la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Lo que si hizo Sánchez, pero a través de los socialistas catalanes, fue presentar un recurso contra la decisión de la Mesa del Parlament de permitir que se aprobara la moción que ratificaba los objetivos políticos de la resolución del 9 de noviembre de 2015 para avanzar hacia la independencia de Cataluña.

Otra cosa son los asuntos que el tribunal ha resuelto en este ejercicio relacionados con decisiones vinculadas con el proceso penal contra los 12 líderes independentistas en el Tribunal Supremo, que prácticamente están liquidados.

En términos generales, la litigiosidad constitucional en 2017 rompió la tendencia de los cuatro últimos años a la baja y experimentó un leve aumento del 9,34% al registrarse 6.977 asuntos jurisdiccionales (596 más que en 2017), que se debió al incremento de demandas de amparo (6.918 en 2018, frente a 6.286 en 2017), que acapara la práctica totalidad del trabajo de los magistrados.

Lo mismo sucede con las cuestiones de inconstitucionalidad, que pasan de 33 en 2017 a 42 en 2018. Además, se plantearon tres impugnaciones de disposiciones autonómicas (cuatro en 2017) pero ningún conflicto de competencias ni entre órganos constitucionales.

Durante 2017, el alto tribunal dictó 6.839 resoluciones (frente a las 6.320 de 2016), de las que 142 fueron sentencias.

Además, el Pleno admitió a trámite 37 procesos de inconstitucionalidad y conflictos constitucionales, la mitad que en 2017, así como 34 recursos de amparo.