Diario Vasco

Brasilia, 13 jun (EFE).- La Corte Suprema de Brasil suspendió cautelarmente este jueves un decreto dictado por el presidente Jair Bolsonaro, que extinguía decenas de consejos sociales creados en los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

La demanda contra el decreto, sancionado en mayo pasado, fue presentada por el progresista Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y Rousseff, y aceptada por la mayoría de los miembros del tribunal, que suspendieron todos los efectos de la medida, al menos hasta que sea analizada por el Parlamento.

Bolsonaro, líder de la nueva ultraderecha brasileña, justificó en el fin de esos consejos sociales, concebidos como mecanismos de participación de la sociedad civil, con el argumento de que es necesario "reducir el tamaño del Estado" con la meta de que sea más "eficiente" e "interfiera menos" en la vida de los ciudadanos.

En esos puntos insistió este jueves durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, quien anticipándose a la prevista decisión del tribunal dijo que sería "respetada", aunque no compartida.

"No veo en esa decisión ningún favor al bien público", pues "lo que el Gobierno pretende con eso es resolver el problema del gasto público" y eso, más allá de una necesidad, es un "clamor" de la sociedad.

Los consejos objeto de la polémica fueron creados entre 2003 y 2016, período en que Lula y Rousseff se sucedieron en el poder, y estaban enmarcados en el llamado Plan Nacional de Participación Social, mediante el cual los Gobiernos del PT promovieron mayores espacios para la ciudadanía en las decisiones de Estado.

Entre muchos otros, el decreto dictado por Bolsonaro afectó a los consejos de Desarrollo Económico y Social, integrado por empresarios y sindicatos, y para la Promoción de los Derechos LGBT y el Combate a la Discriminación.

Asimismo, extinguió el Foro de Empleo y Trabajo, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, todos formados por organismos de la sociedad civil.

En el voto que abrió el camino hacia la decisión, el magistrado Marco Aurelio Mello, instructor del caso, subrayó que los decretos presidenciales en Brasil deben ser sometidos al Parlamento, pero que también no pueden superar el ámbito de la legislación vigente.

En ese punto, indicó que los concejos eliminados por Bolsonaro fueron creados por leyes, por lo que "no pueden ser suspendidos por decreto".

Según Mello, "parece nítida la intención del jefe del Ejecutivo de prescindir de la opinión del Legislativo" y, "en ese escenario, la conclusión constitucionalmente más adecuada" es "la suspensión" de esa medida "unilateral".

La magistrada Rosa Weber se pronunció en esa misma línea y apuntó que el caso pudiera suponer una "violación de la estructura básica de la separación de poderes", para añadir que, "en una democracia constitucional, la participación social es un fundamento de la ciudadanía", que debe "vigilar" las decisiones de los gobernantes.

Un poco más allá fue la jueza Carmen Lucia Antunes, quien dijo que "administrar es tarea de quien no ejerce un poder absoluto" y que "en un estado democrático no se puede ceder ante el absolutismo" que pudiera "ocultarse" bajo la forma de un decreto.