Diario Vasco

Managua, 17 may (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia valorará este fin de semana si vuelve a la mesa de negociaciones con el Gobierno de Nicaragua, para encontrar salida a la crisis que vive el país, después de la muerte en prisión de un reo, al que la oposición considera un "preso político", informó este viernes un representante del colectivo opositor.

La Alianza -que se ausentó este viernes de la mesa de negociaciones en protesta por la muerte del reo Eddy Montes Praslín, de doble nacionalidad, nicaragüense y estadounidense- tiene previsto retomar las conversaciones el lunes, pero que lo haga dependerá de las acciones del Gobierno, según el opositor Juan Sebastián Chamorro.

"Si no hay un anuncio de acciones concretas, específicas (de solución de la crisis), veo muy complicado el hecho de ir a sentarse el lunes", dijo Chamorro, a periodistas.

De acuerdo con Chamorro, es probable que "no tenga sentido sostener una discusión con un Gobierno que no avanza".

Según la Alianza, el Gobierno del presidente Daniel Ortega lleva casi dos meses sin cumplir los compromisos adquiridos en la mesa de negociaciones, que se resumen en liberar a los "presos políticos" y respetar la Constitución en lo referido a las libertades de expresión y de prensa.

También señala a la representación gubernamental de evitar abordar los temas de justicia para las víctimas de la crisis y el retorno de la democracia a Nicaragua.

La muerte de Montes parece haber colmado la paciencia de la Alianza, que se mantiene en las negociaciones a pesar de percibir una falta de "voluntad política" del Gobierno, y pese a la presión de diversos sectores que le exigen "no prestarse al juego".

"Tenemos que ver cómo reacciona el Gobierno, (...) qué es lo que está queriendo hacer con esta mesa de diálogo, si lo que quiere es ganar o perder tiempo en vez de buscar soluciones, no tiene ningún sentido (negociar)", afirmó Chamorro.

Desde el estallido social del 18 de abril de 2018, la crisis ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o 593, de acuerdo con cifras de organismos locales, aunque el presidente Daniel Ortega reconoce 199.

La CIDH también cuenta al menos 809 "presos políticos", más del doble de los que reconoce el Gobierno, que los denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".