Diario Vasco

Madrid, 17 may (EFE).- La exhumación de Franco ha monopolizado el debate sobre la memoria histórica desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, pero, con mayor o menor consenso, las iniciativas para borrar el legado de la dictadura y rendir homenaje a las víctimas se extienden por toda la geografía nacional.

Son municipios de distintos colores políticos y, aunque la memoria no es el eje de los programas electorales para los comicios del 26M, ha marcado en muchos casos la pasada legislatura.

LA LUCHA DE SADA POR EL PAZO DE MEIRÁS

El Pazo de Meirás, considerado un regalo "doloroso" al ser símbolo de la dictadura franquista que practicó el expolio y la represión, continúa hoy envuelto en una constante polémica agravada por el intento de venta de este inmueble singular a través de la inmobiliaria cántabra Mikeli, especializada en la comercialización de viviendas de lujo, y por un precio de ocho millones de euros, operación con la que todos los herederos están de acuerdo.

La mansión, de finales del siglo XIX, se publicita en la web con su biblioteca, cuadros, piezas arqueológicas que son reliquias, blasones, fuertes, cruceros... pero la transacción es harto complicada pues el Ayuntamiento de Sada (A Coruña) donde está enclavada no aceptaría jamás un cambio de uso, salvo para equipamiento público, y la propiedad forma parte del registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia (BIC) por lo que se restringe la realización de obras y existe la obligación de abrirla a las visitas.

El alcalde y candidato a la reelección, Benito Portela, de Sadamaioría, ha emprendido a su vez una batalla para demandar la devolución al patrimonio público, al entender que se trata de un obsequio al caudillo, adquirido mediante suscripción popular y supuestas expropiaciones forzosas por parte de las autoridades de ese régimen.

En este particular vía crucis, invoca el acuerdo unánime del pleno del Parlamento de Galicia del 11 de julio de 2018, que instó a la Xunta a enviar al Gobierno una reclamación de esta residencia en base a un informe de expertos que concluyó que fue atribuida a Franco como jefe de Estado, por medio de esas pseudodonaciones, pero que en justicia es del pueblo.

Un grupo de activistas conocido como "Los 19 de Meirás", colectivo que reivindica su entrega a la sociedad, pide a su vez que no haya más dilaciones y que sea la Justicia la que resuelva cuanto antes.

CONSENSO EN MÁLAGA

En Málaga, el antiguo Cementerio de San Rafael donde se encuentra la mayor fosa común de la guerra civil española y el franquismo con 4.288 personas documentadas y 2.480 cuerpos exhumados, se ha convertido en un lugar de la memoria con una pirámide de mármol blanco con el nombre de las víctimas grabado desde 2014 para no olvidar lo ocurrido.

?Se ha logrado cierto consenso institucional? con todos los partidos del Consistorio, gobernado por el popular Francisco de la Torre desde el año 2000, explica a Efe el presidente de la Asociación contra el silencio y el olvido y por la recuperación de la memoria histórica de Málaga, Pedro Moreno Brenes.

Por un error técnico de coordinación entre los datos topográficos del Ayuntamiento y la Asociación, como reconoció el propio consistorio, en 2016 se abrió un parque canino sobre una de las fosas, que fue cerrado tras la polémica suscitada.

Moreno reconoce la "sensibilidad" de los partidos y destaca que el grupo del PP en el Ayuntamiento ha respondido a las necesidades para restaurar la memoria, pero muestra su preocupación ante "la posible irrupción de Vox" y sus "planteamientos hostiles? con la memoria histórica.

En el antiguo Cementerio de San Rafael de Málaga se trabaja en la identificación de los restos hallados con el ADN de sus familiares, labor que realizan gracias a un convenio con la Universidad de Málaga y con la que han conocido que existen muestras de ADN correspondientes originarias de 400 municipios diferentes.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, MARCADO POR EL VALLE

El Valle de los Caídos se encuentra a unos 60 kilómetros de la madrileña Puerta del Sol, en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, pero el Consistorio de esta localidad de poco más de 18.000 habitantes ha sido solo protagonista indirecto del amplio debate abierto en torno a la exhumación de Franco.

Los técnicos municipales tuvieron únicamente que dar el visto bueno a la licencia de obra realizada por Patrimonio Nacional, aunque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de lo localidad la suspendió cautelarmente tras recibir una de las múltiples peticiones de particulares presentadas contra la exhumación.

El gobierno municipal, que lidera la alcaldesa Blanca Juárez, de Vecinos por San Lorenzo, y aglutina también al PSOE, En Común San Lorenzo y Pueblo San Lorenzo, decidió no presentar alegaciones, algo que sí hizo la Abogacía del Estado.

Entre los vecinos de esta localidad del noroeste de Madrid las principales preocupaciones son el paro y el transporte hacia la capital, a la que se desplazan a diario muchos vecinos, y la exhumación no ha calado mucho en el debate municipal, aunque no han sido ajenos a ella.

La Secretaria del Ayuntamiento reconoció que los funcionarios locales estaban colapsados por el gran número de recursos presentados contra la licencia urbanística y ha aumentado la llegada de visitantes.

Según cifras de Patrimonio Nacional, en 2018 el Valle de los Caídos recibió un total de 378.875 visitantes, un 33,75 % más que en 2017, y los datos siguen al alza. En el primer trimestre el aumento respecto al mismo periodo del año anterior ha sido del 74,7 %.