Diario Vasco

Barbastro , 17 may .- El juicio por la propiedad de los 111 bienes de las parroquias aragonesas ha concluido este viernes con las diócesis de Barbastro-Monzón y Lleida enfrentadas y con posiciones divergentes sobre la situación actual de las piezas en el museo de la ciudad catalana y su destino futuro.

Tras dos sesiones en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro para escuchar los testimonios de los obispos de ambas diócesis y de los peritos, el juez ha dado paso a los representantes legales de Aragón y Cataluña para exponer sus conclusiones finales sobre la propiedad de las piezas.

El letrado de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, ha explicado que los demandados, el Obispado de Lleida y el consorcio gestor del museo, no han presentado ningún título de propiedad ni contratos que acrediten las supuestas compraventas.

El abogado ha destacado la sorpresa que le había causado la reciente posición del obispo de Lleida, Salvador Giménez, de reclamar como propios 83 de los bienes en litigio, en contradicción con lo afirmado por sus antecesores y él mismo de reconocimiento de la propiedad aragonesa de las piezas.

Ha argumentado que la interpretación de los peritos de la parte catalana de los documentos presentados, las cartas del obispo Meseguer de finales del siglo XIX sobre la supuestas compras de los piezas, no son sino hipótesis y un "intento de establecer analogías" con operaciones contractuales legales.

En este mismo sentido se ha pronunciado el letrado del Gobierno aragonés, Alberto Gimeno, para quien las piezas trasladadas al museo de Lleida no fueron compras sino "depósitos incentivados" por el obispo Meseguer a los que se veían obligados los párrocos por obediencia.

Ha añadido que los dictámenes de todos los peritos se limitan a ser "hipótesis, opiniones o teorías que no acreditan una compraventa, permuta o donación, porque un cura no puede vender a su obispo, debe de obedecer sus órdenes".

En respuesta a estos argumentos, el abogado del Obispado de Lleida, José Luis Gómez, ha defendido el derecho constitucional de su cliente a modificar su posición inicial de reconocimiento de la propiedad aragonesa de las piezas y a reclamar la propiedad de 83 a partir de la "nueva" documentación aportada.

Ha subrayado que las resoluciones del Vaticano sobre las que se apoya la parte aragonesa carecen de validez en España y que el litigio sobre la propiedad debía dirimirse a través del derecho civil.

El letrado ha comentado que todas las pruebas acreditativas de la propiedad están plasmadas en las "miles de páginas" que conforman las escrituras formalizadas por el obispo Ciuraneta en 2005, donde, en su opinión, se hace referencia a las supuestas adquisiciones o permutas.

Ha destacado, además, que el Código Civil admite como contratos válidos los verbales, siempre que se cumplan los requisitos necesarios para su formalización.

A su vez, el abogado del Consorcio del Museo de Lleida, Jordi Vives, que ha insistido ante el juez en la necesidad de valorar su petición de nulidad de la causa y ha advertido de la "imposibilidad jurídica" de devolver los bienes dado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló en 2008 la catalogación catalana de las piezas y su consideración como colección.

Paralelamente, ha planteado que, en caso contrario, se reclamará a las parroquias titulares de las piezas indemnizaciones por custodia y restauración.