Diario Vasco

Barcelona, 16 may (EFE).- La Fiscalía, el Ayuntamiento de Barcelona y todas las víctimas del exprofesor de la escuela Maristas de Sants Joaquín Benítez personadas en la causa han recurrido la decisión de la Audiencia de Barcelona de mantenerle en libertad provisional, aunque no lo hecho la Generalitat, que ejerce de acusación popular.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las acusaciones han presentado un recurso a la resolución de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que el pasado día 6 de mayo acordó mantener las medidas cautelares para Benítez, condenado a una pena de 21 años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de cuatro alumnos.

El recurso ha sido presentado por el Ministerio Fiscal y todas las víctimas, así como el consistorio barcelonés, que ejerce de acusación popular en este procedimiento, al igual que la Generalitat, aunque el gobierno catalán no se ha adherido a la protesta.

En un auto, la juez desestimó la petición de la Fiscalía y de las acusaciones del caso para que, mientras no sea firme la sentencia, se envíe a prisión al pederasta confeso, al entender que Benítez ha cumplido hasta ahora sin incidencias las medidas cautelares que se le impusieron, por lo que corresponde mantenerle en libertad provisional.

La sala consideró que el ingreso en prisión de Benítez no era necesario puesto que han resultado "eficaces" las medidas cautelares que se le impusieron en febrero de 2016, cuando compareció como investigado ante el juez instructor: comparecencias periódicas en la comisaría y prohibición de salir de España y de tratar con menores, incluidas las víctimas.

En su sentencia, la Audiencia da por probado que el entonces profesor, que daba clases de educación física, abusó sexualmente entre 2006 y 2009 de cuatro alumnos de entre 12 y 14 años, hecho que según el tribunal ha incidido "de forma permanente" en la vida de las víctimas hasta el punto de condicionar su personalidad.

Por ello, Benítez fue condenado a 21 años y 9 meses de cárcel por cuatro delitos de abusos sexuales, dos de ellos de forma continuada, además de pagar una indemnización de 120.000 euros, de la que es responsable civil subsidiaria la Fundación Champagnat, propietaria de las escuelas Hermanos Maristas.