Diario Vasco

Managua, 16 may (EFE).- Junio próximo será un mes clave para el futuro inmediato de Nicaragua: el día 18 vence el plazo que el Gobierno de Daniel Ortega acordó con la oposición para liberar a todos los manifestantes antigubernamentales detenidos en la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos.

Dos días después el Departamento de Estado de EE.UU. expondrá un informe ante su Congreso sobre la situación del país centroamericano en el marco de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que establece restricciones a los préstamos otorgados a Managua y sanciones a los funcionarios que participaron en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Y la cereza del pastel será entre el 26 y 28 de junio en la ciudad colombiana de Medellín, donde la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará su 49 Asamblea General y puede evaluar la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Para el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, el Gobierno de Ortega ya no puede jugar a ganar tiempo porque cada día que pasa se le cierran los espacios.

El Ejecutivo tiene que saber que no le queda más camino que el cumplimiento de los acuerdos relativos a la liberación de los "reos políticos" y el restablecimiento de derechos y garantías ciudadanas, dijo a Efe Ramírez, que fue vicepresidente durante el primer régimen sandinista (1979-1990) y ahora es un crítico de Ortega.

Para el también Premio Cervantes 2017, la crisis nicaragüense tiene que resolverse por medio de la negociación, "porque no hay otro camino", de lo contrario, alertó, la crisis será más profunda y la "simple represión" que ejerce el Ejecutivo sobre sus opositores no resolverá el problema.

Para el sociólogo y analista político Óscar René Vargas, el tiempo político no corre a favor del "régimen Ortega-Murillo, que sólo se puede sostener por la represión indiscriminada".

Auguró nuevas sanciones al círculo íntimo de Ortega, sobre todo si Estados Unidos, y en menor medida la Unión Europea (UE), consideran que no hay avances en la negociación para superar la crisis.

Desde que estallaron las protestas callejeras por una impopular reforma de la seguridad social el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial.

También a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario, así como al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, que es consuegro de Ortega y Murillo, y a otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial.

El Gobierno juega contra su propio tiempo y alargar la crisis afecta aún más a la economía y expone a las sanciones a su círculo más cercano, afirmó el titular del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri.

También aísla a Nicaragua del entorno internacional y, a nivel interno, se acumula un mayor descontento popular, consideró.

El Gobierno ha emprendido una campaña de denuncia contra Estados Unidos por la Nica Act, que impone sanciones a funcionarios y exfuncionarios involucrados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, deterioro de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.

La Nica Act sería suspendida sólo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación estadounidense.

Ortega nombró al vicecanciller Valdrack Jaentschke como su ministro asesor para las relaciones internacionales y con los países del Caribe.

Uno de los objetivos del mandatario con ese nombramiento es dar la "batalla" en el seno de la OEA para evitar los 24 votos que se requieren para la expulsión de Nicaragua de ese organismo, según diversos analistas.

Para la 49 Asamblea General de la OEA, el Gobierno de Ortega ya no contará con el apoyo de Venezuela, cuyo asiento en ese organismo ahora lo ocupa un delegado del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, ni el de El Salvador, que para esa fecha será gobernada por Nayib Bukele, que ha guardado distancia de los sandinistas.

Para el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, existen altas probabilidades de que se suspenda a Nicaragua de la OEA, pero si no se consiguen los votos será un fracaso tanto para la oposición como para Estados Unidos y su diplomacia, que ha manejado con celeridad ese asunto.